El oficialismo logró aprobar el nuevo régimen de discapacidad con amplio apoyo opositor
La Cámara baja dio media sanción al proyecto que reemplaza la ley de emergencia vigente, tras un proceso de negociación que obligó al Gobierno a retirar puntos polémicos del Presupuesto 2027.
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La sesión desarrollada en la Cámara de Diputados, que concluyó en la madrugada del jueves, arrojó resultados diversos para la agenda del oficialismo. El punto de mayor consenso fue el nuevo régimen de discapacidad, que obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, logrando así el pase al Senado.
El texto aprobado reemplaza a la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, sancionada el año pasado. Para alcanzar este acuerdo, el oficialismo, representado por Laura Rodríguez Machado, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz, debió negociar con diversos bloques opositores, entre ellos los diputados Oscar Herrera Ahuad, Juan Marino, Sabrina Selva, Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz.
El Gobierno aceptó retirar del Presupuesto 2027 capítulos que generaban rechazo, tales como el reemplazo del acceso a la pensión por un criterio de invalidez laboral y la eliminación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa de acceso. Sobre el proceso, Victoria Tolosa Paz señaló:
Cada una de estas modificaciones fue fruto de la escucha y la negociación.
La nueva normativa mantiene la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo, permite trabajar en blanco con ingresos de hasta dos salarios mínimos y fija un nomenclador universal con arancel unificado. A cambio, el oficialismo logró incluir auditorías periódicas en conjunto con organismos como ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS.
Por otro lado, la jornada también incluyó el debate sobre la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que regresó al Senado con modificaciones tras una votación ajustada de 124 a 119. En esta instancia, el oficialismo dependió de la abstención de seis diputados de Provincias Unidas y del PRO para evitar el rechazo del proyecto, el cual contempla la restitución de la Ley de Tierras y cambios en las condiciones de expropiación.