El Senado aprobó la ley Micaela
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La Cámara alta trató el proyecto para impulsar la capacitación con perspectiva de género en los tres poderes del Estado. Quedaron afuera la ley antibarras y la financiación de partidos políticos.
Tras el descargo que hizo el senador pampeano Juan Carlos Marino a la denuncia por abuso sexual por parte una empleada del Congreso, el Senado debatió y aprobó la «Ley Micaela» que giró el martes por la noche la Cámara de Diputados y otros proyectos de menor peso político, en un temario que quedó disminuido tras la reunión de labor parlamentaria del martes.
La Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto que propone la creación de un «Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres», al recibir 59 votos positivos, sin abstenciones ni votos negativos.
El proyecto establece la capacitación obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Mientras que la de las máximas autoridades de los tres poderes estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su página web deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones de la ley en cada uno de los organismos.
En el encuentro de jefes de bloque realizada el martes, el justicialismo mantuvo su postura de reclamar un debate más amplio sobre la ley antibarras, una de las prioridades para el oficialismo en este período de sesiones extraordinarias. Su tratamiento fue pospuesto, entonces, para febrero, en caso de que el Poder Ejecutivo ordene reabrir esa discusión durante el receso de verano.
El financiamiento de partidos políticos también quedó marginado de la lista de temas a tratar en el Senado, por lo que la Cámara alta debatió, además de la «Ley Micaela», los nombramientos de militares y en el Poder Judicial, entre otros.
El proyecto de ley lleva el nombre de Micaela García, víctima de un brutal femicidio en la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. Es un reconocimiento por su lucha militante por los derechos de las mujeres y de los más vulnerables.
Tenía 21 años cuando fue asesinada por Sebastián Wagner el 1 de abril de 2017. La joven estudiante de educación física fue secuestrada durante la madrugada, cuando volvía a su casa después de haber ido a bailar. En el camino fue interceptada por un auto en el que iban Wagner y Néstor Pavón que, según la declaración del primero, habían salido de «cacería».
El femicidio conmocionó al país,después de que se supo que Wagner había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones, pero gozaba de libertad condicional por orden del juez de Ejecución Penal de Gualeguaychú, Carlos Rossi.La polémica medida le valió al juez un pedido de juicio político por mal desempeño de sus funciones y provocó que el Congreso Nacional vote un proyecto de ley para evitar este tipo de salidas anticipadas.
