El Senado debate una actualización del Código Procesal Penal
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En la misma sesión, la Cámara aprobó el nuevo régimen de subrogancia y discute la penalización a la difusión de escuchas judiciales
El Senado aprobó hoy por unanimidad y convirtió en ley un proyecto que establece un nuevo régimen de subrogancias para jueces y la designación de conjueces, una propuesta que modifica la modalidad que había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. El proyecto -que cosechó 61 votos a favor- y que recibió media sanción de Diputados en noviembre pasado, fija el modo de cubrir las vacantes transitorias en los tribunales inferiores que integran el Poder Judicial y determina en ese sentido que los magistrados subrogantes y los conjueces deberán ser siempre elegidos por sorteo. En cuanto a los conjueces, el Consejo de la Magistratura debe hacer una lista con los secretarios de los juzgados y los abogados de la matrícula para que luego el Senado Nacional les dé el aval. El proyecto también otorga al Consejo de la Magistratura la facultad de confeccionar las listas de conjueces a fin de que el Ejecutivo, con acuerdo del Senado, proceda a su selección. El proyecto fue impulsado por el Poder Ejecutivo luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara inconstitucional el sistema ideado por el kirchnerismo en 2015.
Los otros proyectos a debatirse
El Senado comenzó a las 11.40 la sesión especial en la que buscará además aprobar tres proyectos que buscan penalizar la difusión de escuchas judiciales y actualizar figuras penales del Código Procesal Penal de la Nación. Además, por la tarde el jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindaría su informe, por primera vez en el año en esta Cámara: el bloque del Frente para la Victoria le solicitó a la Presidente de la Cámara, Gabriela Michetti, que posponga esa visita para evitar, dijeron, que Peña exponga «un spot televisivo». A pesar de esto, la intención de los bloques del oficialismo y la oposición, los mayoritarios, es sesionar con los proyectos de ley que fueron dictaminados en la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y luego recibir, a las 18, al jefe de Gabinete para su exposición.
Informe
Por la tarde el jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindaría su informe, por primera vez en el año en esta cámar: El bloque del Frente para la Victoria le solicitó a la Presidente de la Cámara, Gabriela Michetti, que posponga esa visita para evitar, dijeron, que Peña exponga «un spot televisivo». A pesar de esto, la intención de los bloques del oficialismo y la oposición, los mayoritarios, es sesionarcon los proyectos de ley que fueron dictaminados en la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y luego recibir, a las 18, al jefe de Gabinete para su exposición.
El proyecto, que se aprobará hoy, lleva la firma del peronista salteño Rodolfo Urtubey y está respaldado por el jefe de la bancada de interbloque Argentina Federal, Miguel Angel Pichetto, y por el presidente Provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo.
La decisión de afianzar la cadena de custodia alrededor de las escuchas ordenadas por la justicia había sido conversada por Pinedo y Pichetto durante las múltiples reuniones parlamentarias que mantuvieron, y la decisión de resolver la cuestión se hizo más urgente a medida que se iban conociendo los diálogos entre la ex presidenta y actual senadora bonaerense, Cristina Fernández de Kirchner, y su ex secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli. El proyecto sanciona la filtración de escuchas judiciales con hasta cuatro años de prisión y prevé someter a juicio político a jueces y fiscales que faciliten su difusión.
El expediente que fue respaldado por todas las bancadas, a excepción de Unidad Ciudadana- en la que participa Fernández de Kirchner-, responsabiliza a los funcionarios judiciales, así como a los encargados de participar de la realización de las escuchas, y deja a salvo de las sanciones a quienes las difundan como un hecho periodístico, para salvaguardar la libertad de prensa. Además, se le impone a la Dirección de Escuchas Judiciales la necesidad de tener una cadena de custodia muy estricta y de la confección de un protocolo que deberá ser aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la cual depende.
También se les requiere una serie de obligaciones a las empresas de telecomunicaciones que reciben las órdenes judiciales para llevar a cabo los procedimientos. El proyecto establece un régimen de responsabilidad para todos los que intervienen en la operación, incluyendo a los jueces y a los fiscales.
