El Tribunal Criminal aceptó la “competencia” y habrá juicio
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El próximo viernes está prevista una audiencia de presentación de pruebas, pero hay dos recursos legales presentados en Casación
El caso por la muerte de Michel Alberto Suárez (20), quien fue hallado ahorcado en la Comisaría Segunda de Quequén, agregó otro capítulo en la historia de litigios judiciales e idas y vueltas.
La controversia ahora sumó ahora la decisión del Tribunal Criminal de aceptar la “competencia” en el caso y habrá un nuevo debate oral en el recinto de deliberaciones de calles 87 y 6.
Inclusive, se convocó a las partes intervinientes (la Fiscalía, el particular damnificado y las defensas de los imputados) para el próximo viernes a las 10, cuando se desarrolle la audiencia de presentación de pruebas y podría conocerse la fecha del debate.
A pasar de todo, hay dos recursos presentados por los abogados defensores de los policías imputados de “homicidio culposo y severidades”, tal cual la carátula del caso que impuso la Fiscalía Nº 20.
Los planteos fueron realizados ante el Tribunal de Casación y se refieren al rechazo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Garantías, que había declarado improcedentes las apelaciones a la decisión del Juzgado Correccional de declararse “incompetente” para analizar el cuestionado caso.
Agravar las acusaciones
Todo se remonta al desarrollo del juicio en el Correccional cuando el particular damnificado planteó su postura de agravar las acusaciones contra los efectivos policiales.
La jueza Mariana Giménez, quien subrogó en el Juzgado Correccional, escuchó a las partes intervinientes en el desarrollo del debate oral y decretó la “incompetencia” en el controvertido asunto por el desempeño de los oficiales que estaban a cargo de la Comisaría de Quequén.
Luego de la decisión, la magistrada remitió el expediente al Tribunal Criminal, que aceptó la competencia judicial y ya convocó a las partes para que presenten las pruebas que se expondrán en el nuevo juicio a los cuatro acusados.
El representante legal del particular damnificado (la familia de Michel Suárez) pidió modificar la calificación legal del hecho en pleno desarrollo del juicio en el Juzgado Correccional.
El letrado pretende que se acuse a los cuatro policías de “torturas seguida de muerte”, que tiene en expectativa una pena de prisión perpetua.
La posición de la Fiscalía se mantiene con la acusación de “homicidio culposo” y “severidades”, tal como se expresó durante el juicio que había tenido ya la participación de varios testigos. ////
Un caso sensible
La muerte de Michel Alberto Suárez lleva más de seis años sin resolución y ahora se abre una nueva instancia con la decisión del Tribunal Criminal Oral Nº 1 de aceptar “la competencia” en el cuestionado episodio.
Hay cuatro policías acusados, aunque los abogados defensores de éstos insisten en que esa noche del 5 de diciembre de 2014 y la madrugada del 6, cuando se produjo el deceso del joven Michel Suárez, debieron estar los responsables de la Comisaría de Quequén.
Para los letrados, se debió tener en cuenta la ausencia del titular de la dependencia y el segundo jefe, quien se habría retirado alrededor de las 22 del sábado 5 de diciembre, como lo indica el libro de la guardia.
Durante el debate oral que se inició en el Juzgado Correccional, se cuestionó la falta de presencia de los responsables de la Comisaría Segunda y que toda la actividad, quedó supeditada al desenvolvimiento del jefe de calle y de los demás oficiales que cumplían tareas.
Durante el juicio también se criticó la labor del encargado de la “imaginaria” (el custodio de detenidos), quien estaba en una dependencia pequeña, al lado del “locutorio” donde los policías alojaron preventivamente a Michel Suárez la fatídica noche en la que apareció colgado.
El chico de tan sólo 20 años utilizó los cordones de sus zapatillas y de la malla que llevaba puesta y un oficial que concurrió al “locutorio” para preguntarle por su domicilio en ese momento, lo halló ahorcado, según se investigó hasta ahora.
Con el juicio en el Tribunal Criminal, ¿aparecerán nuevos detalles de la controvertida historia?
Violencia institucional
“Las investigaciones, especialmente, en casos tan sensibles como los que versan sobre violencia institucionalizada deben llevarse a cabo respetando los estándares internacionales en la materia y en profundidad, de lo contrario, dejan hipótesis abiertas, dudas de diferentes grados, que impiden llegar a la certeza (positiva o negativa) que un estado respetuoso de los derechos humanos no puede ignorar”.
Esas expresiones se pusieron de manifiesto en el dictamen de la jueza Mariana Giménez al momento de declarar “la incompetencia” en el caso y dar lugar a que se sumen nuevas pruebas y la causa se ventile en el ámbito del Tribunal Criminal.
La jueza consideró que ante el planteo del particular damnificado (la familia del chico fallecido) “debe hacerse lugar a la posibilidad que la parte acusatoria esgrima y defienda su teoría del caso, como lo hacen cada una del resto de las partes”, agregó la resolución.
Para la magistrada, se debe “hacer efectiva la garantía de la tutela judicial y el derecho a la verdad” que pretende la familia de la víctima.
Se abre un nuevo capítulo en este caso tan lamentable ocurrido en el interior de una dependencia oficial y habrá que ver cómo termina.
