Evacuaron una escuela ante amenaza de bomba
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Amplio despliegue de Defensa Civil y del personal policial en la mañana de ayer
Un llamado telefónico sobre la amenaza de una bomba en las instalaciones de la Escuela Secundaria Nº 11, que comparte el inmueble con la Escuela Primaria Nº 27, desencadenó en la evacuación del edificio por parte de alumnos, docentes y directivos en la mañana de ayer.
Agentes de Defensa Civil del municipio y del Comando de Patrullas acudieron rápidamente al lugar para tomar contacto con las autoridades educativas y el personal docente a cargo de los estudiantes.
En breves minutos, se desalojó la escuela situada en calles 41 y 82, en el barrio Norte, frente al estadio de fútbol del Club Mataderos.
Posteriormente, los peritos de la Dirección de Explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires recorrieron la edificación para comprobar que se trataba de una falsa alarma.
La Fiscalía de turno fue notificada de lo sucedido e inició una investigación judicial y policial, que demandará el pedido de información acerca de las llamadas entrantes que tuvo el establecimiento educativo a los fines de descubrir de dónde provino el llamado sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela Secundaria Nº 11.
Cabe señalar que desde la Fiscalía se informó que son graves las consecuencias procesales por el “delito de intimidación pública”, como se los conoce a este tipo de episodios.
Un caso de 2019
Tenía 16 años cuando llamó al 911 y dijo que en una escuela de Ciudad Jardín había una bomba. Fue una falsa alarma, pero cansado de que este tipo de casos se repitieran una y otra vez, el municipio de Tres de Febrero se presentó ante la Justicia como particular damnificado.
Luego, el juez Ramón Bogado Tula, del Juzgado de Responsabilidad Juvenil Nº 2 de San Martín, declaró al joven penalmente responsable. El magistrado se basó en el artículo 211 del Código Penal, que hace referencia al delito de intimidación pública.
En una primera instancia -como el proceso de responsabilidad penal juvenil se divide en dos fases- el adolescente deberá seguir un tratamiento tutelar. Pero en un año, cuando se realice la nueva audiencia, se le podrá determina una pena que podría ir de dos a seis años de prisión.
Tratamiento psicológico
En el fallo dictado por el juez se mencionaron obligaciones como concurrir a un centro socio comunitario departamental con regularidad, continuar asistiendo a la escuela, seguir un tratamiento psicológico y asistir en forma quincenal a la sede judicial.
El joven debió concurrir a los talleres en la dependencia de Explosivos de San Martín, y concurrir a una entrevista en el sistema 911 “para comprender cabalmente la labor de estos organismos ante hechos de emergencia, y cuáles son las consecuencias negativas que generan estas falsas amenazas”, estableció el texto del fallo.
