Fin del congelamiento de alquileres: cómo queda la situación entre inquilinos y propietarios
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El DNU 320/20, que congeló las rentas y prohibió desalojos en el contexto de la pandemia de coronavirus, deja de regir este miércoles. Desde mañana los contratos podrán actualizarse y los locatarios que tengan deuda podrán pagarla en cuotas o enfrentar juicios
El decreto de congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos 320/2020, que estuvo vigente durante un año en medio de la emergencia económica por la pandemia de coronavirus, concluye este miércoles 31 de marzo. Cuando se conoció la noticia de que esto ocurriría, a principios de mes, hubo un fuerte impacto entre inquilinos -que reclamaban la extensión de la medida, y protagonizaron una protesta al respecto este lunes 29- e inmobiliarias. Es que a partir de mañana los contratos podrán actualizarse y las familias que hayan acumulado deuda deberán acordar planes de pago de hasta 12 cuotas o enfrentar juicios de desalojo.
En este contexto, el Gobierno nacional puso en marcha esta semana un protocolo para asistir a las familias con problemas habitacionales. Previo a esto, el Gobierno implementó la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), lo cual de no cumplirse es un impedimento para el propietario en caso de querer avanzar en un desalojo.
“Sin distorsiones”
¿Qué dicen las inmobiliarias y qué responden desde las asociaciones de inquilinos? En general, los martilleros aseguran que los inquilinos que se adhirieron al DNU de congelamiento es una cifra muy reducida que ronda del 3 al 5 por ciento del universo de alquileres. La mayoría de los inquilinos, adujeron desde las inmobiliarias, optó por pactar ajustes razonables ante la renovación de contratos que se vencían el año pasado. Además, aseguran que con la disposición muchos propietarios retiraron sus inmuebles de las ofertas de alquileres y eso provocó una suba de precios.
Días atrás, las inmobiliarias sugirieron otra medida: propusieron al Gobierno que lance una tarjeta como la AlimentAR, en este caso llamada AlquilAR, para que se subsidie a los inquilinos que no puedan afrontar el pago mensual de la renta.
“Proponemos que los inquilinos con necesidades para abonar el alquiler puedan ser asistidos por el Estado Nacional a través de una ‘tarjeta AlquilAR’”, dijeron desde el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la Argentina (Cofeci), y agregaron: “Esta iniciativa podría ayudar de manera específica a cada inquilino en situación vulnerable, sin perjuicio de distorsiones en todo el sistema de alquileres”.
“Dar pelea”
No obstante, Juan Arrizabalaga, de la Red de Inquilinos de Tandil en la Federación de Inquilinos Nacional, le dijo a esta agencia cuando se conoció el descongelamiento que “todos los que han podido y estaban en condiciones se han amparado en el decreto”, al tiempo que sostuvo que “hubo que dar pelea para que se cumpla la medida en el inicio y cada vez que era extendida”.
“Lo cierto es que la situación económica, y para muchos inquilinos, es crítica. La gran mayoría no sabe si va a seguir pagando y, si no se endeudó, no tiene los ingresos para afrontar un contrato nuevo. O viene endeudado por el congelamiento o porque no pudo pagar dos o tres meses de alquiler”, insistió Arrizabalaga.
De hecho, el lunes las organizaciones nucleadas en la Federación Nacional de Inquilinos realizaron un “ruidazo” para pedir la extensión del decreto 320/2020. La protesta tuvo como epicentro una concentración en Plaza Almagro, en la ciudad de Buenos Aires.
”La movilización es, en contra del abuso del mercado inmobiliario y por la extensión del decreto que suspende desalojos y congela el precio de los alquileres”, indicó Gervasio Muñoz, presidente de Federación de Inquilinos. Desde la entidad remarcaron que buscan que el Gobierno y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat “revean la decisión de finalizar el decreto”, ya que consideran que actualmente hay una crisis habitacional “producto del incumplimiento absoluto de la ley de alquileres”.
Con protocolo
A toda esta situación el Gobierno nacional respondió con el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales, cuya elaboración y aprobación se instruyeron con la Resolución 88/2021.
El protocolo marca que, por un lado, se recabará información sobre solicitudes de procesos de mediación y sobre existencia de sentencias judiciales de desalojo, en los casos comprendidos en contratos de locación alcanzados por el Decreto 320/20 y sus sucesivas prórrogas y modificaciones, que congelaron los valores de los alquileres y prohibieron los desalojos.
Mientras que por el otro, se arbitrarán los medios necesarios para coordinar acciones de colaboración y cooperación con los entes ejecutores provinciales y locales de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado Nacional, con el fin de abordar soluciones habitacionales para aquellos hogares que requieran asistencia pública. Para ello, se establecerán los criterios de priorización de las personas, teniendo en consideración a las familias monoparentales, en situación de violencia de género, a las personas con discapacidad, mayores o en situación de vulnerabilidad, entre otros.
En tanto, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, insistió días pasados que los propietarios que no declaren a la AFIP sus contratos de locación no podrán desalojar a sus inquilinos. Además, Ferraresi precisó que de acuerdo a la nueva normativa vigente “no habrá posibilidad que un juez haga un desalojo si no tiene previamente determinada la mediación. No me imagino al sistema judicial generando cosas en contra de la ley de alquileres”.
Habrá que ver a partir de mañana, entonces, cómo se vuelve a acomodar el mercado inmobiliario, y cuánto de razón tenían inmobiliarias y locatarios en sus respectivos reclamos.
