Financiamiento electoral: la urgente necesidad de que se haga con transparencia
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La política argentina no puede darse el lujo de seguir dilatando el tema
En octubre de 2018, la Ciudad de Buenos Aires dio un paso fundamental en la consolidación de su autonomía tras aprobarse en la Legislatura un nuevo Código Electoral que no solo la hará más robusta institucionalmente, sino que transformará su proceso electoral en uno de los más modernos y transparentes de la región.
Por primera vez, y luego de que pasaron 22 años desde que los porteños tenemos la oportunidad de elegir a nuestro Jefe de Gobierno, la Ciudad tendrá una verdadera gobernanza electoral.
Traigo esta referencia al 2019 porque considero que es importante resaltar que, durante el proceso de debate de esa norma, los distintos espacios políticos que participamos de la discusión pudimos zanjar nuestras diferencias y llegar a consensos, pero, además, tuvimos la madurez de postergar aquellos debates en los que sentíamos que no encontrábamos consensos y que debíamos seguir trabajando, sin que ello nos impidiese avanzar.
Tiempo de avanzar
Uno de esos debates que postergamos fue el del financiamiento electoral. Sin embargo, ha llegado el momento de avanzar sobre él. La política argentina no puede darse el lujo de seguir dilatando este tema, más aún cuando se está llevando adelante una investigación por presuntos hechos de corrupción como los de la causa llamada de «los cuadernos» que evidencia un problema estructural que debemos reconocer y asumir. Es que, en mayor o menor medida, todo el sistema político e institucional ha fallado en el control si se comprueba el sostenimiento de semejante arquitectura delictiva durante tanta cantidad de años.
Por eso, si bien la Justicia deberá trabajar con independencia para determinar responsabilidades, la política también tiene su obligación, en particular, en el desarrollo de mecanismos que contribuyan a fortalecer a las instituciones para que estas sean capaces de implementar procesos transparentes y que recuperen parte de la legitimidad y credibilidad perdida.
Por eso, es tan importante debatir los proyectos de financiamiento de campañas electorales. Pero, en concreto: ¿qué debemos debatir? La bancarización obligatoria de los aportes y, en todos los casos, la identificación fehaciente del donante y la trazabilidad de dinero. Pero lo más relevante es la cuestión del modelo de aporte: si será público o mixto (público y privado), y si, en el caso de que sea mixto, se permitirá o no el financiamiento de empresas privadas.
Es justamente este último punto el eje que divide las aguas. Por un lado están quienes creen que el mejor sistema es el de prohibir el financiamiento de empresas, ya que se argumenta que esto genera condicionamientos posteriores para la política. Por otro, quienes consideramos que, aunque ese tipo de financiamiento se prohíba, de hecho ocurre, y que por eso es mejor blanquear y regular. La experiencia de los últimos años nos muestra que prohibir esta forma de financiamiento no tuvo el efecto esperado, más bien el opuesto.
Tomar el toro por las astas
Por eso, un camino viable sería tomar el toro por las astas, regular para poder controlarlo y abrir los datos a todos los ciudadanos. Para transparentar el ingreso de estos recursos se debería establecer la bancarización obligatoria de los aportes y, en todos los casos, se exigencia de la identificación fehaciente del donante y la trazabilidad de dinero. También, el aporte privado debería tener límites claros, para evitar que los partidos solo se financien con estos recursos y, además, que los aportes sean coherentes con la capacidad contributiva de cada aportante.
Al margen de este contrapunto, la buena noticia es que, en definitiva, ambas posturas tienen una misma vocación que es evitar las presiones y los condicionamientos. Lo que se discute es cómo lograrlo de manera más efectiva.
En cualquier escenario, lo fundamental es que los ciudadanos y las ciudadanas cuenten con toda la información sobre el financiamiento de los partidos para que, de esta forma, exista la posibilidad de elaborar un voto informado y, a la vez, de ejercer un control cívico.
Esta medida es solo un ejemplo de los numerosos instrumentos que la política puede y necesita desarrollar para encarar el desafío de perfeccionar el sistema haciéndolo menos falible. Porque, si bien es cierto que la honestidad debería ser la norma y condición sine qua non de todo funcionario público, cuando no lo es, los mecanismos del Estado deben prevenir dificultando cualquier tipo de conducta corrupta y, si no la puede prevenir, al menos, identificarla de forma prematura para evitar que el daño se prolongue en el tiempo.
Por Natalia Fidel- Diputada y presidenta de la Comisión de Reforma Política de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
