Fiscal pidió la prisión preventiva para el ex juez César Melazo
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La fiscal platense Betina Lacki solicitó la prisión preventiva para el ex juez de Garantías, César Melazo, quien está sindicado de ser el jefe de una asociación ilícita compuesta por ladrones, policías y lobistas que operó en La Plata con presunta protección judicial.
El pedido de prisión preventiva, que recayó además en ex líder de la barra de Estudiantes, Rubén «El Tucumano» Herrera, y el presunto lobbista judicial Enrique «Quique» Petrullo, fue presentado por Lacki, convencida de que actuaban «en un marco de impunidad rayano con lo inverosímil». Si se confirma la prisión preventiva, llegarán al juicio oral tras las rejas.
Ahora será la jueza Florencia Butiérrez la que resolverá en no más de cinco días si avala este planteo, como ya lo hizo con diez de los primeros once detenidos que tuvo la causa, el 24 de julio: el ex comisario Gustavo Bursztyn; el ex policía Gustavo Mena; Javier Ronco (imputado también por un doble homicidio); Ángel «Pipi» Yalet; Adrián «Quichua» Manes (acusado, entre otras cosas, de matar a Juan Farías); Carlos Bertoni (hermano del ex futbolista Daniel Bertoni); Carlos «Macha» Barroso Luna; Héctor «Pepe» Vega; Martín Ezequiel «Gaucho» Fernández y Jorge «El Fiscal» Gómez de Saravia. El único que salió libre fue el policía Marcos Chiusaroli.
Melazo está sindicado de ser el jefe de la asociación ilícita, mientras que Herrera y Petrullo están señalados como integrantes de la misma, aunque con distintos roles. El planteo será analizado por Butiérrez.
Esta mega investigación se deriva del expediente por el homicidio de Juan Farías, exintegrante de la banda mixta de policías y ladrones con presunta protección judicial. La víctima fue asesinada el 1 de diciembre de 2010 en un edificio de avenida 44 entre 26 y 27. Se sospecha que fue un ajuste de cuentas por el escruche a la casa del técnico de fútbol Roberto Zapata. Allegados a Farías juran que él no tuvo que ver con ese escruche, pero es evidente que la banda no lo creyó así.
Melazo está imputado por asociación ilícita (presumen que es el jefe, junto con Bursztyn), mientras que a Herrera lo procesaron por este delito y el de tráfico de influencias (le adjudican haberle conseguido a Ronco la domiciliaria con pulsera electrónica) y a Petrullo sólo por tráfico de influencias. La misma sospecha recae en el suspendido juez de Casación Martín Ordoqui, resguardado, por ahora, por sus fueros.
