Tras el fallo, fiscales piden que Amado Boudou vuelva a la cárcel
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El máximo tribunal dejó firme la condena a 5 años y 10 meses de prisión por la compra irregular de Ciccone. El exvicepresidente se encuentra con domiciliaria desde abril.
Dos fiscales pidieron que el exvicepresidente Amado Boudou vuelva a la cárcel, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena a 5 años y 10 meses de prisión que se le impuso por la compra irregular de la eximprenta Ciccone Calcográfica.
El pedido fue cursado por la fiscal de ejecución Guillermina García Padín y el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) Marcelo Colombo, quienes solicitaron al juez Daniel Obligado (a cargo de la ejecución de la pena) que anule la prisión domiciliaria con la que benefició a Boudou en abril pasado.
El jueves pasado, la Corte rechazó un recurso presentado por la defensa del exvicepresidente, dejando así firme la condena que se le impuso por la compra irregular de Ciccone. De esta forma se convirtió en el primero en su cargo con una sentencia en contra por un hecho de corrupción.
Tras la decisión del máximo tribunal, Delgado ratificó que la condena quedaba firme, pero no se pronunció sobre el modo de cumplimiento de la misma. Es que el fallo de la Corte no cambia el modo de ejecución de la pena, pero uno de los argumentos para otorgarle la domiciliaria era que no se encontraba ratificada en todas las instancias, algo que ahora sí ocurre..
En este escenario, García Padín y Colombo le pidieron a Obligado que “proceda de acuerdo con lo establecido en el artículo 494 del C.P.P.N. (Código Procesal Penal) respecto de los nombrados, a fin de ejecutar la pena conforme resolviera el Tribunal Oral con fecha 3 de octubre de 2018”.
Según el fallo de primera instancia, ratificado ahora por la Corte, Boudou, a través de su socio y amigo José María Núñez Carmona y de Alejandro Vandenbroele, compró el 70% de la ex Ciccone, que se encontraba en proceso de quiebra por una deuda de la AFIP, y la rehabilitó tras conseguir un plan de pagos que ese organismo le había negado a los dueños anteriores. Tras ello, consiguió numerosos contratos con el Estado para la impresión de billetes y de documentos oficiales.
