Fuerte rechazo a la expropiación de Vicentin en todo el país
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Opiniones de Gregorio Badeni y Egidio Mailland. “Va a terminar como todas las empresas intervenidas, llena de corrupción”
La decisión del Gobierno nacional de intervenir y enviar al Congreso un proyecto de ley para expropiar la agroexportadora Vicentin generó el rechazo de un amplio sector de la población.
Ecos Diarios dialogó con el constitucionalista Gregorio Badeni, quien se mostró en desacuerdo con la decisión y, desde el punto de vista jurídico y ético, aseguró que carece de validez. En tanto, el expresidente de Coninagro y productor agropecuario, Egidio Mailland, opinó que “va a terminar como todas las empresas intervenidas por el Estado, llena de corrupción y escándalo”.
El pasado lunes, el presidente Alberto Fernández nombró a un interventor y anunció su decisión de estatizarla, pese a que la firma Vicentin estaba con un proceso judicial en marcha con los acreedores por una deuda total de US$ 1.350 millones.
“La intervención carece de validez”
El abogado constitucionalista Gregorio Badeni advirtió que ni la intervención ni la expropiación que quiere hacer el gobierno nacional de la empresa Vicentin son válidas y remarcó que esto pone en alerta a los ciudadanos de lo que se quiera hacer de ahora en más.
En diálogo con Ecos Diarios, el reconocido jurista, explicó que “el decreto del Poder Ejecutivo que dispone la intervención de la agroexportadora Vicentin, tanto desde el punto de vista ético como jurídico, carece de absoluta validez porque la empresa está sometida a un concurso de acreedores que lo maneja un juez y una vez que el juez interviene en la conducción del proceso, nadie lo puede excluir salvo otro juez”. En este caso, según dio a entender el constitucionalista, se detecta una intromisión del Ejecutivo en un proceso judicial.
En lo que respecta a la expropiación, dijo que también es inválida porque –para él- no se advierte la causal y los argumentos que da el gobierno no son realmente serios. “No se entiende por qué se quiere expropiar la empresa ahora que está sujeta a un normal proceso de concurso judicial, no corresponde la expropiación, en todo caso debiera entrar en la masa de acreedores para generar alguna decisión favorable”.
Para Badeni, cuando comenzó este gobierno con los decretos de necesidad y urgencia, se nota “una falta de apego de los gobernantes y de los gobernados a las disposiciones legales” y, en este sentido, consideró que es grave.
Sobre la posibilidad de que Vicentin sea un caso aislado o, de lo contrario, el inicio de una serie de expropiaciones, expresó que lo ignora, pero considera que esta decisión del gobierno nacional ha puesto en alerta a los ciudadanos sobre lo que se puede hacer de aquí en más. “Quiero pensar que no se va a hacer, pero ¿por qué me voy a sorprender si se siguen dictando decretos similares como el caso Vicentin para el futuro”, se preguntó.
Con respecto a que el Estado intervenga en una actividad que es privada, señaló que está muy mal y agregó que “es un espanto cualquier medida que tome el gobierno vulnerando los derechos de los particulares como en este caso”.
Experiencias nefastas
Por su parte, el expresidente de Coninagro y productor agropecuario del distrito, Egidio Mailland, dijo que se sorprendió porque “es una decisión política muy fuerte y genera dudas en toda la ciudadanía”.
“Uno podría pensar que se acuerda el salvamento de una empresa o se puede leer también que se acude a la expropiación. Si la intención es recomponerla y ponerla otra vez en el circuito de la industrialización de granos y exportación para que con el tiempo después vuelva a manos privadas, es una idea, pero lo que a la ciudadanía le queda es que es una decisión política solamente para expropiar”, analizó.
Según su opinión, “no es apropiado que el Estado expropie una empresa de este nivel sobre todo teniendo en cuenta viejas experiencias de intervención del Estado en la administración de empresas, que han sido todas nefastas”.
Además, agregó que “la Argentina no es un país que tenga un Estado moralmente íntegro como para administrar en forma transparente”.
Mailland se mostró con dudas y con la sensación de que la única intención es expropiar y, en este sentido, no le parece para nada alentador de cara al futuro.
En principio, dijo que lo toma como un caso aislado porque no puede creer que el gobierno avance con decisiones tan extremas cuando más de 50% del país no está de acuerdo. “Creo que ningún gobierno seguiría con una medida tan grosera como salir a expropiar cuando la mitad del país está en contra”.
Para terminar, comentó que por la gente que conoce del gobierno, “no hay ánimo de estatizarla para que vuelva después a capitales privados; no le veo esa intención, ojalá me equivocara” y remarcó que “va a terminar como todas las empresas intervenidas llena de corrupción y escándalos”.///
