Funcionarios bonaerenses cuestionaron la privatización de AySA en audiencia pública
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, rechazaron la propuesta de modificación tarifaria y el proceso de venta de la empresa.
:format(webp):quality(75)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2026/10/la_privatizacion_de_aysa_esta_bajo_la_lupa.webp)
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) llevó a cabo este lunes una audiencia pública con el objetivo de evaluar la propuesta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) para modificar los coeficientes zonales que determinan las tarifas en el AMBA. La instancia, que no es vinculante, busca ampliar la protección a usuarios vulnerables, aunque el regulador mantiene la facultad de aplicar aumentos diferidos.
Durante la jornada, diversos funcionarios bonaerenses expresaron su rechazo a la gestión nacional. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, sostuvo que su presencia respondió a una indicación del gobernador Axel Kicillof para denunciar lo que calificó como una estafa.
¿Para qué vender una empresa superavitaria que todos los argentinos, con mucho esfuerzo, logramos poner en equilibrio? Para que los grupos económicos amigos de Milei y Caputo hagan un negociado, afirmó Katopodis.
El ministro destacó que las tarifas ya registraron un incremento del 555%, superando el 300% de inflación, y advirtió sobre la paralización de casi 300 obras que estaban en ejecución en 2023. Por su parte, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, puso el foco en la continuidad de las obras de infraestructura necesarias para la región, como el río subterráneo Sur.
Hacen falta obras millonarias y, si no las hace el Estado argentino, no las va a hacer nadie. Ningún privado las va a hacer, señaló Gray.
El jefe comunal recordó que ha recurrido a la Justicia en dos ocasiones para cuestionar la exclusión de empresas estatales provinciales en la licitación y presentar un amparo contra cláusulas que permiten la interrupción del servicio por falta de pago y contemplan diez años de desinversión. Gray concluyó instando al Gobierno nacional a frenar el proceso de privatización y profundizar un plan de inversión sostenible bajo la órbita estatal.
