Garavano anticipó que enviará cambios al régimen penal juvenil tras las elecciones
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El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, anticipó hoy que el Gobierno enviará al Congreso tras las elecciones un proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, que el Ejecutivo viene trabajando desde principios de año.
El ministro nacional realizó el anuncio durante la firma de un acuerdo con el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, a través del cual la Nación aportará 20 millones de pesos para la realización de obras de infraestructura en Institutos de Menores bonaerenses.
Respecto de la reforma al régimen penal juvenil, Garavano anticipó que será girado al Congreso “luego de las elecciones generales del 22 octubre”.
Según se informó, ambos ministros “coincidieron en la necesidad de tener una Justicia más cercana a la comunidad, que resuelva los conflictos que se sometan a su entender con eficacia y rapidez y asumieron el compromiso de adoptar las mejores prácticas en lo que se refiere a modelos y procedimientos para asegurar la calidad, la mejora continua de los sistemas judiciales provinciales y la incorporación de tecnologías para garantizar un servicio de justicia cercano, moderno e independiente”.
Sobre la inversión bonaerense, el proyecto prevé que el aporte será para financiar obras de infraestructura en los 29 institutos de menores de la provincia, tendientes a “mejorar las condiciones habitacionales y a brindar solución a la situación de deterioro y la carencia de servicios básicos como agua potable, conexión cloacal, instalación eléctrica, delimitación perimetral y medidas de seguridad e higiene”.
Los trabajos se ejecutarán a través del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, que tiene a su cargo los centros de alojamiento de jóvenes en territorio bonaerense, de Recepción y Cerrados (de privación de libertad) y de Contención (semilibertad), que albergan a más de la mitad de la población nacional de jóvenes en conflicto con la ley.
Al respecto, López Medrano explicó que “la provincia de Buenos Aires es la jurisdicción con mayor cantidad de jóvenes en conflicto con la ley penal, y en sus centros hace muchos años que no se hacen obras de infraestructura, por eso para nosotros es muy importante este convenio que permite la transferencia de 20 millones de pesos para obras esenciales”.
