Desde la Provincia buscan limitar la facultad de los jueces para liberar presos
:format(webp):quality(75)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2017/11/5a0326f90b87c1510156025-e1510171082771.jpg)
El Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal resolvió reformar la ley de ejecución penal provincial para limitar al máximo la facultad de los jueces de ejecución penal de conceder libertad asistida a los presos e impondrá condiciones que impedirán esas salidas de la cárcel de delincuentes que cometen crímenes aberrantes.
En ese contexto, el senador bonaerense por Cambiemos, Juan Pablo Allan, presentó el proyecto de ley en la Legislatura provincial, que tiene consecuencia directa con el crimen de Abril Bogado, de 12 años, ocurrido el domingo último en Ringuelet, partido de La Plata. En principio, existe consenso para aprobar la ley, aunque como sólo quedan dos sesiones en la Legislatura la sanción definitiva podría ser en marzo, a menos que convoquen a sesiones extraordinarias.
El texto elaborado en conjunto entre Allan, el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y el secretario de Justicia, Adrián Grassi, busca limitar al máximo a los jueces de ejecución penal y dispondrá que no podrán otorgar el régimen de libertad asistida a los condenados por una lista de delitos que impliquen la muerte, incluso en grado de tentativa. También limitaría ese beneficio a 6 meses antes del cumplimiento de la condena, mientras que hoy se puede otorgar 6 meses antes de los dos tercios.
De esta manera, se equipararía así con la ley de ejecución penal nacional reformada en julio último luego del crimen de Micaela García, asesinada por Sebastián Wagner. “Más allá del grado de ideología de cada magistrado, queremos que las condenas graves se cumplan en su totalidad en prisión, y con esta modificación a la ley estamos dando una herramienta concreta a la Justicia para que así ocurra”, dijo Allan.
El proyecto contempla que no podrán otorgarse salidas asistidas aquellos condenados por homicidio simple y homicidio agravado; lesiones gravísimas agravadas por alevosía o por violencia de género; delitos contra la integridad sexual; y privación ilegal de la libertad coactiva. Todas estas figuras también están incluidas en su grado de tentativa, como fue en el caso de José Edgardo Echegaray Biel, el acusado por el asesinato de Abril. Además también se excluye de ese beneficio a quien cometa secuestro extorsivo, si se causare la muerte de la persona ofendida; la portación ilegal de armas de fuego, entre otros casos.
La niña fue asesinada por Echegaray, alias «Pepito», de 32 años, mientras gozaba de libertad asistida otorgada por el juez de ejecución penal Nº2 de La Plata, José Villafañe. “Sin dudas, la tragedia de Abril ha puesto sobre la mesa la necesidad de terminar con los márgenes de discrecionalidad de los magistrados que toman decisiones sin reparar en las víctimas ni en la sociedad en general que se ve afectada cuando liberan a alguien que no demostró superar su peligrosidad”, agregó Allan.
La nueva ley establecerá que «la libertad asistida permitirá al condenado sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal el egreso anticipado y su reintegro al medio libre seis meses antes del agotamiento de la pena temporal». En la ley actual ese beneficio se puede conceder seis meses antes del cumplimiento de los dos tercios de la pena. Por eso «Pepito» salió en libertad tres años antes del cumplimiento de su pena.
