Hace 55 años derrocaban al presidente Arturo Illia
Por Gonzalo Diez
“Cuando las Fuerzas Armadas sustituyeron en el gobierno al presidente radical por el general Juan Carlos Onganía, interrumpieron un intento de poner en pie la República y encaminaron al país a la violencia de los años 70 y la decadencia posterior”, sostenía el historiador Luis Alberto Romero hace exactamente cinco años en un artículo publicado por el diario La Nación.
Esa afirmación no hace más que formularnos preguntas a las que no le encontraremos respuestas, pero sí una afirmación difícil de rebatir hoy en día, que país diferente hubiésemos podido construir sí el 28 de Junio de 1966 el golpe hubiese fracasado y todos los actores políticos hubiesen privilegiado el sostenimiento de la democracia por encima de los intereses que representaron, consumando o dejando consumar un hecho que ensombrece, como otros tantos, nuestro derrotero cómo República.
El golpe del 1966 es doloroso porque se concretó por sobre un hombre que aún cuestionado sobre la legitimidad de origen de su presidencia (proscripción del peronismo) reunía, antes de llegar a la máxima magistratura, reunió, durante su periodo de gobierno y continuo ejerciendo hasta su último suspiro, todas las virtudes públicas que deberíamos exigir y exigirnos a los hombres y mujeres que transitan la vida política. Virtudes que emergieron nuevamente en manos de quienes gobernaron a partir de 1983 con el retorno de la democracia y que comenzaron una vertiginosa caída libre a partir de la aparición de una cultura política instalada en la década del 1990 que representó el polo opuesto a lo que transmitieron figuras como Illia y Alfonsin. Austeridad republicana, respeto irrestricto de la Constitución, transparencia en el ejercicio de la función pública. A estas condiciones se les sumaba una afabilidad y cercanía con el pueblo ausentes en la gran mayoría de las figuras públicas contemporáneas.
Pero no podemos reducir el lamento solo a las condiciones y virtudes personales de Illia, que despojado de bienes materiales, se retiró de la presidencia de la Nación con menos capital del que contaba al asumir el cargo. Su gobierno es visto hoy como uno de los gobiernos más progresistas de la historia argentina. Durante su breve gestión impuso una política de redistribución del ingreso que benefició a los sectores más perjudicados de la sociedad e incrementó el porcentaje dentro del presupuesto nacional destinado a la educación. Se resaltan dos leyes fundamentales impulsadas por Illia, la Ley 16.459, que sentó las bases del salario mínimo vital y móvil y la ley 16.462 sobre medicamentos (también conocida como ley Oñativia). Continuar un análisis minucioso de su gobierno exceden el espacio y propósito de estas líneas, pero sin dudas hoy es un gobierno que aún en su corto período, aprueba todas las materias de análisis.
“Volver a Illia para marchar al futuro” nos dice Pedro Azcoiti (Diputado Nacional MC) en su libro que analiza en profundidad su gobierno. Los radicales tenemos historia por detrás, de la que nos enorgullecemos, y tenemos historia por delante, de la que nos tenemos que hacer cargo. Aspiramos a representar a las grandes mayorías, construyendo la causa de los que no quieren ser más desposeídos; hemos sido exitosos en la construcción de los valores democráticos y hoy queremos serlo en la reparación de la Nación. Tenemos un programa, que es la Constitución Nacional y un método, que es el de pensar, hablar para acordar y hacer.
Volver a Illia es mirar el futuro por delante y protagonizarlo.
