“Hay intencionalidad política de generar un desgaste al intendente”
Silvina Jensen Menna asegura que concejales de la oposición son conscientes de que aprueban ordenanzas que Rojas se ve obligado a vetar
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Silvina Jensen Menna ya no cree que sea por desconocimiento que concejales de la oposición aprueban ordenanzas que el intendente Arturo Rojas se ve obligado a vetar, evaluando que el Concejo Deliberante se toma atribuciones que van más allá de lo que dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades.
La presidenta del bloque Nueva Necochea cree que “hay una intencionalidad política de generar un desgaste” al jefe comunal.
“Primero yo pensaba que era por desconocimiento, pero a medida que avanza el tiempo y uno lo analiza, observa situaciones y escucha charlas en los pasillos, en las que reconocen que el Departamento Ejecutivo tiene razón, pero igualmente insisten con las ordenanzas para que el intendente las vete (y presumiblemente pague un costo político), queda claro que hay una intencionalidad política”, expresó la edil oficialista.
Lo hizo al ser entrevistada en el programa “El Ciudadano”, emitido por televisión en la zona y que se halla alojado en Youtube. Donde puede verse desde este jueves.
“El intendente tiene que ser serio, así como el área de Legales del municipio, para que las normas que se aprueben sean correctas. El intendente debe cuidar los fondos del municipio, ya que es dinero que aportan los vecinos del distrito”, añadió al fundamentar el veto ya dispuesto, como así también otros que habrá, seguramente, en breve plazo.
La ordenanza vetada por Rojas es una que amplia una serie de beneficios a ex combatientes de la Guerra de Malvinas, que fuera aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante. Tras el veto, los ediles insistieron con la iniciativa y volvieron a aprobarla con 15 votos de todo el arco opositor. No la votaron los cinco miembros del bloque Nueva Necochea.
Ante esa situación, interpretando que existe un conflicto de poderes, el intendente llevó el conflicto a la Justicia bonaerense. La Suprema Corte de Justicia, sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, pero admitiendo que hay una puja de poderes, le solicitó al Concejo Deliberante que fundamente las razones que lo llevaron a sancionar esa ordenanza.
Esto derivó en que el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Schwarz, pretendiera excusase, ya que como parte del espacio político Nueva Necochea, pese a representar institucionalmente al conjunto de los ediles, tiene coincidencias con el planteo del Departamento Ejecutivo.
Finalmente optó por tomarse cinco días de licencia, asumiendo la presidencia interinamente el libertario Juan Cerezuela. Dando cumplimiento a lo requerido, se dio respuesta a la Justicia bonaerense, insistiendo en que el cuerpo deliberativo está facultado para aprobar la norma en cuestión, sin alterar el presupuesto del presente ejercicio, contemplado en la Ordenanza Fiscal Impositiva vigente.
La decisión final la tendrá la Suprema Corte de Justicia. Mientras tanto, en Necochea no cesa la polémica, porque en la última sesión del Concejo Deliberante se aprobaron otras dos ordenanzas cuyo contenido, a criterio del Departamento Ejecutivo, excede facultades de los concejales, atribuyéndose decisiones vinculadas con el aspecto económico-financiero.
Para responder a la Justicia el cuerpo deliberativo contrató al abogado Guillermo Massa, cuestión que Silvina Jensen también cuestionó. “Habiendo seis abogados que son concejales, me parece que no está bueno que se le paguen honorarios a un profesional externo con fondos del presupuesto del Concejo Deliberante”, apuntó Jensen Menna.
Respondiendo a quienes argumentan que también el Departamento Ejecutivo también invierte en una demanda, la concejala oficialista subrayó que “se están cuidando los fondos de todos, ya que si se aceptan todas las ordenanzas que desfinancian al Estado municipal, quien estaría dejando de ser serio sería nuestro intendente”.
“Una avanzada”
Rodrigo Tabárez, otro integrante del bloque Nueva Necochea, también se refirió a este conflicto, señalando que tiene más connotaciones políticas que institucionales. En su caso, manifestó su convencimiento de que “hay una avanzada” contra el gobierno liderado por Rojas.
“Desde que asumí en diciembre ya se venía cristalizando una suerte de avanzada contra el gobierno municipal desde una mayoría circunstancial que hoy parece por lo menos llamativa”, afirmó en declaraciones radiales.
En ese sentido, observó con preocupación que sectores con diferencias ideológicas en el ámbito nacional coincidan en el plano local para construir mayorías parlamentarias.
“Partidos que a nivel nacional difieren tanto, como La Libertad Avanza por un lado y Fuerza Patria por el otro, hoy confluyen en una especie de alianza para imponer ordenanzas que son absolutamente inviables desde lo jurídico y desde lo técnico”, sostuvo.
Vetos que se vienen
Las otras dos ordenanzas aprobadas por mayoría y que también serían vetadas por el Departamento Ejecutivo son la que modifica el Servicio de Estacionamiento Medido (SEM) y la que endurece sanciones a quienes maltraten animales. Al respecto se refirió Silvina Jensen Menna .
- Flotó en el aire, en la última sesión, la sensación de que ambas serán vetadas…
-Sí, lamentablemente vamos a ese camino y de hecho fue manifestado ya en las comisiones, lo expresó también Arturo (Rojas) en diferentes medios porque las dos ordenanzas tocan puntos para los que no tenemos habilitación desde nuestro rol de concejales, Si uno analiza, por ejemplo, el estacionamiento medido y los distintos puntos, no hay un una evaluación del impacto económico, no hay un informe de Hacienda, no se giró al Ejecutivo.
De hecho, cuando tuvimos reuniones de comisión, el secretario de Gobierno Jorge Martínez, abierto al diálogo como siempre, les planteó que giraran los expedientes (porque al principio había dos) al Ejecutivo para que se hiciera un análisis y se respondiera. Que se evaluara, qué era viable, qué impacto económico real tiene. Mas allá que digan que no se afecta el presupuesto, se tocan ingresos al quitar una franja horaria del estacionamiento medido, lo que hace que ingrese menos dinero a las arcas municipales.
¿Con qué fondos vamos a reemplazar ese dinero que no ingresa?¿Cómo vamos a cubrir el servicio de la línea telefónica 147, que se costea con ingresos del estacionamiento medido?
- El servicio se reduciría considerablemente…
- Exactamente, se limitaría al horario de 10 a 15. Con lo cual no se lograría el fin buscado. El estacionamiento medido está pensado justamente para darle movilidad al centro. No se lo emplea con fines recaudatorios. De ser así, la tarifa sería más alta. Hoy es de $400 la hora. En Tandil, por ejemplo se paga $1300 y es más caro cuanto más horas esté estacionado el vehículo
Al igual que en el caso de la ordenanza para agregar beneficios a los ex combatientes, el Concejo Deliberante se toma atribuciones que lo exceden.
- Y la ordenanza vinculada al maltrato animal, ¿en qué medida incide en lo económico? ¿Por qué se vetaría?
- Esa ordenanza tiene dos partes distintas. Una tiene que ver con lo penal y la contravención. Y la otra, con la creación de un fondo. A través de tres artículos se le indica al Departamento Ejecutivo que debe capacitar al personal. El Concejo Deliberante no puede indicarle eso. El D.E es el que tiene la potestad de hacerlo.
Los concejales, a lo sumo, a través de una resolución, podemos señalar que veríamos con agrado que el D.E hiciera una campaña respecto del maltrato animal, Pero no indicarle que debe capacitar al personal
Con relación a la creación de un fondo afectado, ¿hay un informe de Contaduría señalando que puede hacerse? ¿De dónde van a salir esos ingresos a afectar? En un punto se dispone la derivación del 50% a instituciones, ¿qué requisitos deben cumplir estas instituciones?
Por otra parte, cuando en la primera parte de la norma se refiere a la contravención, es todo muy ambiguo. Si se aplica una pena, porque se trata de un delito penal, no se puede aplicar una multa.
Se generaría una doble sanción o penalización de un mismo hecho.
Además, ¿quién va a ser ejecutor? ¿Quién va a implementarla? El inspector municipal, ante un caso de maltrato animal, tiene que acudir a la Justicia. Se trata de un delito penal. Es una lástima que al impulsar esta ordenanza no hayan hecho caso a las sugerencias que hemos hecho en las reuniones de comisión.
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