Inhibieron los bienes del ex titular de IOMA
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También para otros ex funcionarios
La justicia penal platense dictó la inhibición general de bienes del ex titular de IOMA, Antonio La Scaleia, y otros diez ex funcionarios que están procesados por delitos de «fraude y asociación ilícita». La medida había sido solicitada por Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires y la UFI 11.
Fuentes judiciales confirmaron la inhibición decidida por la jueza de Garantías Marcela Garmendia. Tal como señaló DIB esta mañana, el pedido fue hecho por el fiscal penal Álvaro Garganta.
La Scaleia estuvo al frente de la obra social provincial desde 2010 hasta el final de la gobernación de Daniel Scioli en 2015, y se encuentra procesado con otros 17 ex directivos y actuales funcionarios. Todos ellos fueron procesados por los delitos de «fraude y asociación ilícita», que habrían ocasionado al Estado bonaerense un perjuicio de 650 millones de pesos con la tramitación de internaciones domiciliarias y otras maniobras dentro de IOMA.
A partir de una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió, se inició una investigación en la UFI 11. Y en ese marco, el fiscal platense Álvaro Garganta firmó el año pasado el auto de procesamiento, en el que señaló que «existen indicios vehementes de que entre mediados de 2013 y fines de 2015 por lo menos 18 personas que se desempeñaban dentro de la obra social y empresarios que conducían un grupo de firmas que decían prestar servicios de internación domiciliaria, cometieron fraudes que originaron pérdidas millonarias en las arcas del organismo».
Cabe recordar que en noviembre del año pasado, La Scaleia, compareció ante Garganta y aseguró que son «inimaginables» los cargos por delitos de «fraude u asociación ilícita» de los que se lo acusa. En su descargo, aseguró que en su gestión a la obra social «la equilibramos y la dejamos con un superávit de 764 millones de pesos, con un IOMA más ordenado y con recursos». Además, sostuvo que la acusación en su contra es «inimaginable», y que es «la primera vez» que enfrenta un proceso judicial.
Por otro lado, negó conocer a las empresas de internación domiciliaria Domisalud S.A., Intergemed S.R.L., Juntos en Casa S.R.L., SOS S.A., y Cerca Salud S.A., todas sospechadas en las maniobras de fraude, y aseguró que empezó a tomar contacto con estos nombres «cuando en el año 2016 surgió ese informe de La Nación sobre los Panamá Papers».
