Inseguridad, sálvese quien pueda
La seguridad de la ciudadanía es una cuestión ineludible del Estado y debe hacerse cargo, en realidad, es una de las principales funciones. Y es la definición taxativa de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos: toda persona tiene derecho a la seguridad y los Estados son responsables de garantizar ese derecho.
En la actualidad, los Estados democráticos promueven modelos policiales acordes con la participación de los habitantes, en medio de un marco de respeto de la institución, las leyes y los derechos de cada uno.
Cuando se habla de seguridad, no sólo podemos limitarnos a la lucha contra la delincuencia, sino que se manifiesta la necesidad de mantener un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas, como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre sus enunciados.
Ahora bien, la introducción tiene por objetivo ubicarnos en el rol de cada integrante de la sociedad, dentro de la mayor armonía posible. Algo de lo que se debatió, precisamente, en una reciente reunión entre funcionarios de gobierno y ciudadanos, desarrollada en la Unidad de Enseñanza Universitaria de Quequén.
El eje central del encuentro fue analizar la situación de inseguridad en los barrios costeros de esa ciudad como consecuencia de episodios de arrebatos de teléfonos celulares y bolsos, robos de neumáticos de auxilio y pertenencias de turistas y residentes del interior de vehículos, como también en viviendas del amplio sector.
Escasez de recursos
Hay que dejar en claro que, por fortuna, no se registraron durante los últimos meses y el pico de la temporada estival, hechos de mayor gravedad, como han ocurrido en otros veranos con delincuentes que sorprendieron a moradores ingresaron a sus hogares con el propósito de robar, haciéndolos vivir una verdadera odisea.
Y lo que queda en evidencia en este tipo de diálogos entre habitantes y autoridades gubernamentales es la escasez de recursos en materia de seguridad, que colisiona contra la evolución que han tenido las modalidades delictivas y la expansión del flagelo de las drogas en los barrios.
La realidad indica que cada vez hay una menor cantidad de efectivos policiales en la Departamental y algunos hablan de hasta 100 agentes que, desde hace tiempo no cumplen funciones por diferentes motivos: por caso, 38 quedaron al margen de la fuerza de seguridad por reclamar un salario más digno en su momento.
Por su parte, otros decidieron buscar nuevos horizontes laborales frente al magro pago mensual o por no estar a gusto con el sistema de trabajo y hay algunos policías que se encuentran con carpeta médica.
Esta es una carencia incuestionable y que golpea al servicio de seguridad que debe prestar la institucional policial a los ciudadanos. Se suman también situaciones como el estado deplorable de las instalaciones oficiales (comisarías y otras dependencias) y de los propios patrulleros que transitan las calles del núcleo urbano y cualquiera puede comprobarlo.
En la reunión desarrollada en la Universidad de Quequén, surgió la falta de un teléfono en la Comisaría Segunda para comunicarse y denunciar. Y podemos agregar, la gravedad estructural del añejo edificio de la calle 527, que contiene calabozos para ocho detenidos y, habitualmente, esa capacidad está ampliamente superada.
Cabe recordar que desde hace un par de años, los requerimientos de los pobladores se reciben en un contenedor de hierro y en otra oficina lindante al inmueble principal, confirmando las dificultades anteriores.
Durante la charla se habló de los 70 millones de pesos que se destinarán desde la Provincia de Buenos Aires para la reparación general de la comisaría y lo mismo ocurrirá con otras reparticiones.
Actualmente, desde el municipio se colabora con el Destacamento de Bomberos de Quequén que tiene problemas en los techos y demás deterioros producto del lógico paso del tiempo.
Denuncias al 911
“Si el operador de la central de emergencias 911 no atiende el llamado, los vecinos podemos hacer denuncias en una aplicación llamada ‘Provincia Seguridad’, cuya técnica permite que la inquietud llegue directamente a la Fiscalía de turno y quede registrada”, sostuvo una de las asistentes al encuentro.
Con esa alternativa, se evita además que las víctimas de un delito, se acerquen a la dependencia policial y tengan que hacer fila para que las atiendan (ha pasado) o que les digan los oficiales de guardia que no les pueden tomar la denuncia porque el sistema, directamente, no funciona.
Estos hechos se han generado y las personas que resultaron vulneradas en ese momento por el embate de la delincuencia, tuvieron que regresar a sus domicilios con toda la bronca acumulada porque el Estado que los debe contener y dar una respuesta, no cuenta con las herramientas correspondientes.
Algo parecido ocurre después de consumado un episodio de robo u otro delito, con las investigaciones que no pueden avanzar por falta de cámaras de seguridad en determinados lugares, filmaciones ineficaces, ningún testigo valedero, etcétera.
“Es vergonzoso como se vive y parece que la culpa siempre es del ciudadano porque no denuncia, entonces, la estadística delictual cada vez es más baja. Pero resulta que el vecino de a pie, se encuentra con que una dependencia policial carece de teléfono o tiene que geolocalizar al operador del 911 para que envíe el patrullero a un sitio donde hubo un delito, ya que el servicio de emergencias se encuentra en otra ciudad”, enfatizó otra de las participantes en el encuentro en la Unicen.
Siempre lo mismo
Todo esto que hemos enumerado, dentro de un contexto social y económico complejo que atraviesa el país desde hace tiempo, con una inflación galopante que desarticula cualquier presupuesto de Estado y ni que hablar, el de muchos compatriotas.
Frente a este panorama enredado y concreto que engloba a la ciudadanía, se escuchó decir en el cara a cara de vecinos con las autoridades de gobierno: “Hace 16 años que vivo en el barrio costero de Quequén y la problemática es la misma de siempre, pocos policías, móviles en desuso por falta de combustible o de personal, pero los hechos cada vez son más graves”, sintetizó la mujer.
Para contrarrestar esa posición real, está la promesa de los funcionarios de desdoblar esfuerzos para mejorar la seguridad: más iluminación pública (algo no menor), la apuesta fuerte de instalación de cámaras de seguridad urbanas y el compromiso de insistir ante el Ministerio de Seguridad provincial para que disponga de mayores recursos para la Policía de Necochea.
Por el momento, ante la coyuntura que se plantea con la inseguridad entre nosotros, las cartas están echadas sobre la mesa de esa forma, hay que arreglarse cómo se pueda. ////
