Investigan vínculos con otros robos de la pareja detenida
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Hubo varios procedimientos y tratan de identificar a posible cómplice
Avanza en nuestra ciudad la investigación en relación a la pareja capturada el martes en Mar del Plata y se trata de sumar pruebas de su posible participación en una serie de robos a mano armada registrados en comercios locales entre el 28 de agosto y el 30 de octubre.
Mauricio Daniel Benítez, de 37 años, y su pareja Paola Díaz, de 30, permanecen detenidos por hechos delictivos ocurridos en la ciudad de Mar del Plata.
Por tal motivo el fiscal Guillermo Sabatini y el cuerpo de instructores de Delitos Complejos de la Fiscalía General de Necochea aún no pidieron sus detenciones por los hechos investigados en nuestra ciudad y prefirieron avanzar en algunas medidas con el fin de obtener más elementos de prueba.
Según se supo ayer, no se descarta la participación de un cómplice de la pareja en nuestra ciudad, por lo que se están investigando algunas pistas.
Modus operandi
En nuestra ciudad Benítez y Díaz son investigados por su presunta vinculación con los robos registrados el 18 de octubre en la sucursal de Pampa de la Villa Díaz Vélez y en el local de la firma Paty Fiesta, de 66 y 55, hecho ocurrido el viernes de la semana pasada.
Sin embargo, no se descarta su vinculación con otros robos, como el ocurrido en el Shopping Toledo, el 28 de agosto, el registrado el 7 de septiembre en el local de telefonía celular de calle 63 al 2600 o el del 7 de noviembre en el local de Pagos Express que funciona en la despensa de calle 70 y 49.
Tampoco se descarta su posible vinculación con el robo del 18 de noviembre en el local de Ciro y Ciro, en calle 48 al 2800 y el del 20 de noviembre en el supermercado CLC, ubicado en avenida 75 y calle 32.
Según se cree, y ahora se trata de confirmar con distintas medidas se prueba, la pareja viajaba desde Mar del Plata a nuestra ciudad, se alojaba en un hotel céntrico y se dedicaba a cometer distintos robos.
Las investigaciones iniciadas por esta serie de robos en nuestra ciudad siguió avanzando hasta que se logró establecer que podría estar vinculada una pareja que también operaba en Mar del Plata.
Un robo a una jubilada ocurrido en Mar del Plata en el mes de octubre permitió vincular a la pareja en cuestión. Por tal motivo se dio intervención a la DDI de Mar del Plata y a la Fiscalía N° 13 especializada en Robos Calificados, a cargo de Mariano Moyano.
Identificados
Existirían pruebas que permiten establecer que Benítez y Díaz, junto a otro individuo aún no identificado, fueron quienes perpetraron el robo el viernes pasado en el local de Paty ubicado en 55 y 66.
A partir de elementos de prueba existentes, la Justicia de Garantías, a través de la fiscalía de intervención, ordenó el allanamiento del domicilio de la pareja en la ciudad de Mar del Plata. A este pedido se sumaron otros dos de la Policía y la Fiscalía marplatense.
Entre los elementos de prueba existentes, se encuentran algunas escuchas telefónicas, que serían claves para el desarrollo de la investigación ya que las mismas permitieron establecer el accionar de la pareja, sus movimientos (obtenidos mediante la ubicación geográfica de celdas de la red de telefonía celular) y describieron la violencia y agresividad con la que actuaron
A estos escuchas se sumaron las filmaciones de cámaras de seguridad de los locales asaltados, ya que en las mismas se ve claramente el accionar de los sujetos investigados.
Un crimen que “no se paga con nada”
Mientras Mauricio Daniel Benítez volvió a la cárcel de Batán por su vinculación con varios robos registrados en nuestra ciudad, se supo que la Cámara de Casación confirmó un fallo del Tribunal Civil de Necochea en relación en el recordado caso Salerno.
Benítez era menor de edad cuando fue condenado por el crimen del taxista Carmelo Salerno.
Según se estableció durante el juicio Benítez y su cómplice tenían 18 y 19 años cuando —una noche de octubre de 1996— asesinaron a un taxista dándole tres tiros en la cabeza. Los dos jóvenes fueron detenidos, juzgados y condenados a 15 y 16 años de cárcel.
Años después, la Justicia también alcanzó a los padres de los jóvenes condenados: un Tribunal Civil de Necochea entiendió que «fallaron en su obligación de vigilar a los hijos y darles una adecuada educación» y los obligó a indemnizar a la familia de la víctima en concepto de daños y perjuicios.
Así lo dispusieron los camaristas Humberto Garate y Hugo Locio al confirmar un fallo de primera instancia. La demanda la habían presentado la esposa y los tres hijos del taxista Carmelo Salerno, de 62 años.
Cerca de las 9 de la noche del 26 de octubre de 1996, en la avenida Los Eucaliptus del Parque Miguel Lillo, Salerno recibió tres disparos en la cabeza. Fue, según la Justicia, un asesinato a quemarropa: el hombre estaba sentado al volante, de espaldas a los criminales.
Unos días después, la Policía detuvo a Mauricio Benítez, entonces de 18 años, cuando intentaba vender el arma homicida (una pistola calibre 380) en una armería de Mar del Plata. Horas más tarde cayó su cómplice de 19 años.
En su resolución, los jueces Garate —presidente del Tribunal— y Locio recordaron que el artículo 1114 del Código Civil establece «la responsabilidad indirecta de los padres por los daños causados por sus hijos menores, mayores de 10 años, cuando habitaban con ellos, presumiendo su culpa por incumplimiento de los deberes de educación y ‘vigilancia activa’ que tienen la obligación de ejercer sobre los mismos».
«La responsabilidad de los padres —explicó el juez Garate— debe presumirse por el incumplimiento de los deberes que emanan de la patria potestad, que les obligan a proporcionar a sus hijos una buena educación, formarles hábitos y comportamientos adecuados para la convivencia social».
Fundamentando su voto, agregó que «la culpa de los padres» consiste «en la omisión del consejo oportuno hacia el menor y no en la permanente mirada sobre el hijo».
La sentencia de primera instancia había condenado a los padres de ambos jóvenes a indemnizar a la familia de Salerno con 103.400 pesos. Luego, al confirmarse el fallo, la Cámara Civil resolvió elevar el monto a 152.914 pesos.
En su momento, Angela Salerno, viuda del taxista asesinado, dijo que la vida de su esposo «no se paga con nada» y que si tuviera un hijo involucrado en un crimen «no lo defendería».
