Josefina Ignacio criticó el sistema carcelario de menores
La integrante del Comité Nacional de la Prevención de la Tortura dijo que faltan más profesionales y capacitación en los lugares de encierro
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La problemática del régimen penal juvenil en la Argentina resurge periódicamente en la agenda pública y parlamentaria, especialmente en momentos de conmoción social ante delitos graves.
Josefina Ignacio, vicepresidenta de la Asociación Pensamiento Penal e integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, estuvo en “Punto de Vista” por Ecos Radio y ofreció la visión desde su experiencia en el monitoreo de los lugares de encierro para jóvenes.
Actualmente, existen diversos proyectos legislativos que buscan modificar el régimen penal juvenil, siendo la baja de la edad de imputabilidad uno de los puntos centrales de la discusión. La propuesta más severa plantea reducirla a los 13 años. Sin embargo, especialistas han advertido sobre los efectos contraproducentes de esta medida.
Ignacio aportó datos concretos recabados por el mencionado Comité Nacional, revelando una realidad compleja y preocupante. “A nivel nacional, se estima que hay alrededor de 4.000 jóvenes que están bajo el sistema penal juvenil. Sorprendentemente, el 80% de ellos se encuentran con medidas territoriales, es decir, alternativas al encierro diseñadas para la reparación del daño y la reinserción socioeducativa. Solo el 20% está encerrado en dispositivos cerrados o semiabiertos”, comentó la entrevistada en el programa de la primera mañana de FM 97.9.
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Para el organismo en el que trabaja Ignacio, el encierro, tanto para jóvenes como para adultos, debería ser la última instancia. La realidad observada en los centros de detención dista mucho del objetivo de reinserción. “Muchos de estos lugares funcionan como cárceles para adultos, con regímenes estrictos y personal sin la capacitación adecuada en penal juvenil ni en derechos humanos”, explicó Josefina Ignacio al tiempo que criticó la falta de profesionales formados en el abordaje de adolescentes con historias de vida complejas, marcadas por la violencia y la falta de oportunidades.
Nuestro país tiene un extenso territorio, pero además diferentes culturas entre regiones y provincias, por eso la licenciada manifestó que “la situación varía significativamente, dependiendo donde se esté. Mientras que en la provincia de Buenos Aires existen tanto medidas territoriales como centros cerrados, como "Batancito", en La Pampa la mayoría de los jóvenes en conflicto con la ley penal estaban vinculados a situaciones leves, sin ningún joven encerrado. Un panorama similar se observa en Catamarca”.
En contraste, sostuvo que “en Misiones, la falta de medidas alternativas lleva a que incluso delitos menores puedan resultar en prisión. Por eso esta heterogeneidad dificulta la creación de una legislación uniforme a nivel nacional”.
La importancia de los datos
Josefina Ignacio destacó que el Estado, a pesar de los intentos de legislar, parece carecer de información exhaustiva sobre la realidad de los jóvenes detenidos. “Nosotros desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura somos el único organismo de control que produce información a nivel nacional sobre este tema. Los jóvenes que llegan al sistema penal provienen, en su mayoría, de contextos de vulnerabilidad, marcados por problemas laborales, violencia, consumo de alcohol y drogas, falta de educación, amor, contención familiar y oportunidades básicas como alimentación y vivienda. Estos jóvenes no son culpables de nacer en estas circunstancias, y el Estado a menudo parece revictimizarlos al encerrarlos en lugares inadecuados en lugar de ofrecerles el apoyo que necesitan”.
La necochense que desde hace años se involucró en las problemáticas, también, del sistema carcelario señaló que los hechos graves, como los homicidios cometidos por menores, son minoritarios, aunque generan mayor impacto y distorsionan la percepción general.
La entrevista se puede escuchar en el Spotify de Ecos Radio.
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