:format(webp):quality(75)/https://ecosdiarioscdn.eleco.com.ar/media/2026/08/comentario_1.webp)
Hay palabras o luchas sociales que en la Argentina tienen un peso particular. Soberanía es una de ellas. No se trata solamente de un concepto jurídico ni de una expresión reservada para los discursos oficiales cada 2 de abril, cuando recordamos la Guerra de Malvinas. Soberanía significa, entre otras cosas, la capacidad de una sociedad de decidir sobre su territorio, sus recursos, sus instituciones y su futuro.
Por eso resulta inevitable mirar con cierta atención dos hechos que, a primera vista, parecen no tener relación entre sí: la discusión que generó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el gobierno de Javier Milei y aquella bandera que apareció en el césped del estadio de Atlanta después de que la Selección Argentina eliminara a Inglaterra del Mundial.
Uno ocurrió en el Congreso. El otro, en una cancha de fútbol. Uno estuvo atravesado por artículos, dictámenes, negociaciones y votos. El otro, por una celebración deportiva que rápidamente adquirió una enorme carga simbólica. Pero ambos terminaron hablando de lo mismo: de la soberanía.
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llegó al Congreso como una de las iniciativas centrales de la administración de Milei para este 2026. El Gobierno defendió la necesidad de fortalecer el derecho de propiedad (que ya está consagrado en la Constitución Nacional, dicho sea de paso) y avanzar sobre distintas regulaciones que, según su mirada, obstaculizan la inversión y la “libertad económica”. De hecho, cuando comenzó el tratamiento legislativo, el ministro Federico Sturzenegger vinculó expresamente la iniciativa con dos de los pilares del Gobierno: el equilibrio fiscal y la libertad económica.
Pero el proyecto contenía aspectos que fueron mucho más allá de la discusión estrictamente jurídica sobre la propiedad privada.
Uno de ellos era particularmente sensible: la posibilidad de modificar las restricciones existentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Otro proponía cambios vinculados con el uso del suelo después de incendios. Y allí apareció la sociedad.
La discusión que se desarrolló durante semanas comenzó a exceder los despachos del Congreso. Organizaciones sociales, sectores políticos, productores, ambientalistas, artistas y ciudadanos hicieron escuchar sus críticas. La consigna "la patria no se vende" se transformó en una expresión recurrente en las calles y también en las redes sociales.
Finalmente, el Gobierno tuvo que retroceder. No retiró el proyecto completo. Pero sí tuvo que eliminar dos de sus capítulos más controvertidos para conseguir los votos necesarios en el Senado. El capítulo que modificaba restricciones a la venta de tierras a extranjeros fue retirado antes de la sesión y, durante el debate, también se eliminó el que habilitaba modificaciones en el uso del suelo luego de determinados incendios. El proyecto obtuvo finalmente 37 votos positivos contra 33 negativos y pasó a Diputados.
Pero el dato político más interesante no está solamente en el resultado. Está en lo que ocurrió antes.
La dupla Patricia Bullrich/ Sturzenegger había defendido durante meses su proyecto. Sin embargo, cuando advirtió que no tenía los votos suficientes para aprobarlo tal como estaba, tuvo que modificarlo.
Y allí aparece una palabra que en democracia nunca debería ser considerada un insulto: presión. La presión social. La presión de los ciudadanos. La presión de quienes se movilizan, de quienes reclaman, de quienes escriben a sus representantes, de quienes hacen escuchar su posición y también de quienes, sencillamente, obligan a sus legisladores a recordar que las bancas no les pertenecen. Les pertenecen a quienes los votaron.
Puede discutirse si los argumentos de unos u otros son correctos, por supuesto. Puede discutirse si una mayor apertura a la inversión extranjera generaría crecimiento, empleo y desarrollo. También puede sostenerse que existen límites que deben mantenerse cuando están en juego tierras productivas, recursos naturales, zonas fronterizas o áreas estratégicas.
Pero lo que no debería discutirse es que una sociedad tiene derecho a participar de ese debate. Y los legisladores tienen la obligación de escuchar.
El episodio demuestra, además, que el Congreso todavía puede funcionar como una instancia de equilibrio frente al poder presidencial. Un gobierno puede tener una agenda política definida, una mayoría circunstancial o una enorme capacidad de comunicación. Pero no puede desconocer que gobierna dentro de un sistema republicano.
La propiedad privada es un derecho protegido por la Constitución. La soberanía nacional también tiene un lugar central en nuestro ordenamiento jurídico. El desafío consiste precisamente en encontrar el equilibrio entre libertad económica, inversión, derechos individuales e intereses colectivos.
Porque soberanía tampoco significa cerrar las fronteras al mundo. Significa tener la capacidad de decidir qué se entrega, bajo qué condiciones, a quién y con qué consecuencias para las próximas generaciones.
Y quizá por eso resulte tan potente la otra imagen que dejó este Mundial. Argentina acababa de derrotar 2-1 a Inglaterra en una semifinal histórica y se había clasificado para la final. En medio de los festejos, Giovani Lo Celso tomó una bandera que tiraron desde la tribuna y que llevaba una frase que millones de argentinos conocen desde hace décadas: "Las Malvinas son argentinas".
La bandera fue desplegada sobre el césped por varios jugadores y la imagen recorrió el mundo. Leandro Paredes, consultado sobre el mensaje, respondió: "Y serán siempre argentinas".
No fue solamente una bandera. Fue una fotografía que condensó buena parte de nuestra historia.
Argentina e Inglaterra no son simplemente dos selecciones de fútbol. Entre ambos países existe una guerra, 649 argentinos muertos, una herida que permanece abierta y una disputa de soberanía que nuestro país sostiene por vías diplomáticas desde hace décadas.
La FIFA había prohibido expresamente el ingreso de mensajes de carácter político al estadio y abrió una investigación por la exhibición de la bandera. Pero la imagen ya había escapado de cualquier reglamento deportivo.
Porque hay símbolos que tienen una fuerza que no se puede controlar con una prohibición. Y aquí aparece una contradicción que merece ser observada. Mientras en el Congreso la sociedad ejercía presión para que determinados capítulos de una ley fueran modificados, en una cancha de fútbol un grupo de jugadores volvía a poner en el centro de la escena una reivindicación soberana que forma parte de la identidad argentina.
En ambos casos, la ciudadanía apareció como protagonista. En uno, para decir qué cosas no quería que se modificaran. En el otro, para recordar que hay cuestiones que, más allá de cualquier gobierno, siguen formando parte de una memoria colectiva.
La soberanía no debería ser patrimonio de un partido político. No es de izquierda ni de derecha. No es kirchnerista, peronista, radical ni libertaria. Tampoco pertenece a un presidente, a un gobierno, a un Congreso o a una selección de fútbol. Es un concepto que atraviesa a toda una sociedad.
Por eso quizás haya llegado el momento de recuperar cierta profundidad en estas discusiones. Defender la soberanía no significa rechazar toda inversión extranjera. Tampoco significa convertir cada diferencia con otro país en una batalla patriótica. Y mucho menos significa utilizar Malvinas como una herramienta de confrontación política.
Pero tampoco puede significar que el interés económico sea suficiente para justificar cualquier modificación sobre el territorio, los recursos naturales o las regulaciones que una sociedad decidió establecer.
Hay algo que el episodio de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó en claro: incluso un Gobierno que pretende avanzar rápidamente con su programa necesita construir consensos cuando las decisiones afectan cuestiones que una parte importante de la sociedad considera fundamentales. Y eso no es una derrota de la política. Es la política funcionando.
Quizás también sea una buena oportunidad para recordar que la democracia no consiste únicamente en votar cada dos o cuatro años. También consiste en reclamar. En manifestarse. En discutir. En llamar a un legislador. En exigir explicaciones. En cambiar una opinión. En hacer que un representante vuelva a escuchar a quienes representa.
La imagen de aquella bandera de Malvinas en Atlanta puede ser discutida desde el reglamento de la FIFA, desde la diplomacia o desde la conveniencia política. Pero difícilmente pueda ser separada de la historia que representa. Y algo parecido ocurre con el debate sobre la propiedad de la tierra.
Porque detrás de un artículo de una ley puede existir una discusión mucho más profunda: qué país queremos construir y qué cosas estamos dispuestos a preservar.
Tal vez ésa sea la verdadera discusión sobre soberanía que Argentina necesita dar. Una discusión que no se limite a cantar el himno, levantar una bandera o recordar una guerra. Una discusión sobre el territorio, los recursos, la producción, la identidad y, fundamentalmente, sobre quién tiene la última palabra cuando se toman decisiones que pueden comprometer el futuro.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión