Juicios por jurados
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En su edición del pasado miércoles, Ecos Diarios dio cuenta de una problemática que amenaza con no permitir la continuidad de los juicios por jurados en el Departamento Judicial de Necochea: el insuficiente número de ciudadanos designados para la cantidad de procesos de este tipo que se vienen produciendo.
Una muestra del crecimiento de estos debates es que desde que se implementó, en 2015, se han juzgado siete casos por dicho sistema, que otorga al ciudadano común la responsabilidad de establecer una pena o no a un imputado. Y de los mismos, dos se han celebrado en la media mitad del año en curso y ya hay confirmados dos más para el mes en curso.
Precisamente este ritmo de sesiones para juzgar a autores de delitos con una posible pena de 15 años, ha generado que los 110 ciudadanos sorteados a principio de año para cumplir la carga pública de ser jurados, resulte insuficiente y provoque la duda sobre la continuidad de estos juicios.
El sistema establece que cada año se nomine al uno por mil de los integrantes del padrón de 21 a 75 años, para que ejerzan como miembros de las llamadas instancias populares. De allí lo poco más de un centenar de designados en la jurisdicción de nuestro departamento judicial.
Si se tiene en cuenta que un ciudadano sólo puede repetir su función de jurado cuando han transcurrido tres años de su primera labor resulta que varios de los seleccionados no se pueden ubicar por no residir en el domicilio declarado; son recusados por la defensoría o fiscalía; o sencillamente se rehúsan a cumplir con su obligación, el número se achica considerablemente y hace peligrar la prosecución de estos procesos.
Un tema que ya ha sido reclamado en las altas esferas de la Justicia provincial.
Más allá de esta cuestión coyuntural, si se quiere anecdótica para la comunidad, la figura del juicio por jurados sigue despertando, a través de sus fallos, posiciones encontradas.
Los defensores de esta modalidad destacan la importancia de la participación ciudadana en la Justicia y aseguran que “acerca a los ciudadanos al ver cómo se aplica en la práctica la Justicia”.
Desde la otra vereda, los críticos consideran que personas no preparados para la administración de Justicia podrían ser presionados más fácilmente y así tender hacia la “mano dura”, sobre todo porque se tratan bajo esta variante los delitos más violentos.
Buenos Aires se constituyó, en 2015, en la tercera provincia del país, tras Córdoba (2005) y Neuquén (2014) en sumarse al sistema de jurados, que la Constitución Nacional prevé desde 1853.
Para declarar culpable a una persona en la provincia de Buenos Aires 10 de los 12 miembros deben estar de acuerdo y para una condena a prisión perpetua se necesita la unanimidad.
En ambos casos se trata de una gran responsabilidad para la que no son juristas precisamente, como si sucede en aquellos que son profesionales del derecho.
Se dieron fallos de “no culpable” para dos personas que le quitaron la vida a otros en plena disputa por recuperar objetos que las víctimas fatales les habían robado. Casos de justicia por mano propia que fueron avalados sin demasiada consideración, probablemente individuos cosificados por el hecho de contar con antecedentes.
Instituidos para quedarse, los juicios por jurados exponen más que nunca las fragilidades del alma humana y conforman un abanico de polémicas y sensaciones que van más allá del detalle técnico de contar con el número necesario para integrar un tribunal popular.///