La Cámara confirmó el procesamiento contra Cristina
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El fallo por asociación ilícita y lavado también incluye a sus hijos y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López
La Sala I de la Cámara Federal Porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, confirmó el procesamiento contra Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero en la causa Los Sauces SA. El fallo alcanzó a Máximo y Florencia Kirchner, y también a los empresarios K y principales inquilinos de la inmobiliaria, Lázaro Báez y Cristóbal López.
“Jefes de una banda» organizada para la “devolución o retorno» que «se hacía mediante contratos de alquiler de propiedad de esta empresa», fueron las palabras que eligió el juez Claudio Bonadio cuando procesó a la ex presidenta y a sus hijos por «asociación ilícita en concurso por lavado de activos y negociaciones incompatibles» en la causa Los Sauces SA. Fue la decisión que confirmó la Sala I de la Cámara Federal porteña, como también el embargo trabado por $ 130 millones.
La causa tenía un total de 18 personas procesadas, entre los que se encuentran los empresarios K Lázaro Báez y Cristóbal López, principales inquilinos de la inmobiliaria y quienes representaron el 86% de la facturación de la firma. También Osvaldo Sanfelice -mano derecha los Kirchner-, Romina Mercado -sobrina de la ex Presidenta-, entre otros.
El juez de la causa, que arrancó por la denuncia de la diputada Margarita Stolbizer (GEN), sostuvo en el procesamiento que todo «fue pergeñado por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner» y que junto a Florencia después de 2010, se convirtieron en «jefes de una banda» que “impartían las directivas de la organización delictiva”, para percibir dinero “ilegítimo a fin de darle apariencia lícita». Y agregó que la “devolución o retorno» se realizaban mediante “contratos de alquiler» con Báez y López junto a su socio Fabián De Sousa, que representaron el 86 % de la facturación: garantizaron a los Kirchner más de $ 25 millones entre 2009 y 2015.
La Justicia consideró que Los Sauces creada en 2006, nunca tuvo la intención de funcionar comercialmente, sino dedicarse «al cobro de retornos». «No tenía sede social ni empleados, sólo Ramón Ángel Díaz Díaz, jardinero de la casa de la ex Presidenta».
En este contexto, los camaristas Bruglia y Ballestero avalaron la decisión del juez Bonadio y confirmaron el procesamiento por asociación ilícita y lavado de dinero.
La causa pasará ahora al juzgado del juez Julián Ercolini, quien procesó a la ex presidenta por asociación ilícita por el direccionamiento de la obra pública. Se espera que, a futuro, todos los casos por corrupción que incluyen a la ex presidenta y su entorno se unifiquen en una megacausa.
Fuente: Clarín
