La Cámara confirmó el rechazo a la excarcelación de De Vido y Baratta

La Cámara Federal porteña confirmó hoy la detención del ex ministro y diputado Julio De Vido en la causa por los sobreprecios en la compra de gas licuado, lo que redobló las acusaciones del ex funcionario y su defensa para sostener que su arresto es una «voluntad política».
La Sala I de la Cámara, con las firmas de Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, rechazó la excarcelación de De Vido -detenido desde el 25 de octubre- y de quien era su segundo, el secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, quien había sido arrestado el 19 de octubre.
Aún si hubiera sido excarcelado en esta causa, De Vido permanecería preso por la que investiga la malversación de fondos en la mina de Río Turbio, por la que fue procesado días atrás.

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Según el fallo al que accedió DyN, De Vido «reviste una realidad procesal determinada por una multiplicidad de causas con expectativas de penas que, en caso de recaer condena unificada, no podrían dar lugar a la aplicación de una pena de ejecución condicional».
Esa circunstancia -añadió el voto del juez Bruglia- «debe ser especialmente valorada a los fines de la presente resolución, máxime teniendo en cuenta que Julio De Vido ya no ostenta los fueros legislativos que impedían su detención e implicaban un obstáculo insalvable -en su momento- a los fines de evaluar un posible riesgo de fuga».
Las excarcelaciones fueron rechazadas en la causa por la compra de gas licuado, que instruye el juez Claudio Bonadio, y aun queda pendiente resolver el fondo de la cuestión: es decir los procesamientos dictados en esa investigación.
Apenas conocida la noticia, la defensa de De Vido advirtió en un comunicado que la detención era «indefectiblemente ilegítima y responde a un proceso político de utilización del sistema de justicia que desgasta y termina por deslegitimar aún más las ya denostadas instituciones existentes».
«Es en este sentido que ya se han realizado las presentaciones correspondientes ante los organismos internacionales de Derechos Humanos, que como es de público conocimiento ya han denunciado su preocupación respecto de la grave situación de persecución política que actualmente existe en nuestro país», se advirtió.
Según la defensa, se trata de «una resolución deslucida de argumentos, donde los aspectos jurídicos que justifican dicha medida resultan infructuosos a los ojos de un Estado de Derecho respetuoso de las normas que tanto nacional como internacionalmente amparan a los ciudadanos, los Sres. Jueces deciden, como el timming político lo ordena, mantener la arbitraria detención del Sr. Julio de Vido en el Penal de Marcos Paz».
«Se busca crear nuevos argumentos, a fines de sostener aquello que resulta insostenible, más que por voluntad política», se añadió.
Según se señalo, «lo paradójico de la resolución es que justifica la medida cautelar en base a la existencia de distintos procesos pero en ninguno de ellos se determinó existencia alguna de riesgos procesales que habiliten este tipo de medida, mientras que lo evidentemente contradictorio es que en aquellos procesos avanzados, como el juicio oral por ONCE, el Tribunal tampoco entendió que correspondía, pese a la alta pena en expectativa, limitar la libertad del imputado previo a una condena firme».
«La plena colaboración del Diputado Nacional en todo proceso en que fuera involucrado se demuestra desde el inicio de la persecución judicial utilizada como herramienta de disputa política. La demostración de la ausencia de entorpecimiento en las investigaciones está demostrada a su vez por el avance – reconocido por los propios magistrados- que registran algunas de esas causas, como es el juicio oral que actualmente se desarrolla en el marco de la causa conocida como ONCE», afirmó.

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