La coherencia de Zaffaroni y el abolicionismo antidemocrático

Sus declaraciones no deberían sorprender porque nunca fue un demócrata ni respetuoso del sistema legal y judicial

 

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Por Martín Casares (*)

El ex juez Eugenio Zaffaroni realizó declaraciones antidemocráticas, pero esto no debería sorprender. En primer lugar, porque ya había hecho declaraciones similares en el pasado. En segundo lugar, porque nunca fue un demócrata ni un respetuoso del sistema legal y judicial que la democracia ha construido.

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Zaffaroni, en realidad, descree de las leyes vigentes y de la voluntad popular. Para demostrar la primera afirmación, vale citarlo en una entrevista a Rolling Stone: luego de que el periodista le preguntara si era difícil mandar a alguien a la cárcel, Zaffaroni dijo: «Sí, pero la diferencia es cómo lo encaras. Abrís un expediente y decís: ‘A ver cómo lo zafo a éste’. Y si zafarlo no está bien, entonces digo: ‘A ver cómo hago para que la lleve más aliviada'».

Estas palabras demuestran que el ex juez no tramitaba los expedientes con el fin de aplicar la ley, sino con el de evitar que el acusado fuera a prisión.

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Visión elitista

Ahora bien: a esas leyes que Zaffaroni no respeta las mantienen vigentes los representantes políticos electos mediante el voto popular. ¿Por qué Zaffaroni, que dice estar del lado los sectores populares, se opone a las decisiones que toman sus representantes? Porque, según su libro En busca de las penas perdidas, las «mayorías marginadas» son manipuladas por el poder político y por los medios de comunicación para ir en contra de sus propios intereses. Una visión elitista que conviene desarrollar.

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Para Zaffaroni, uno de los recursos fundamentales de los poderosos era el sistema penal, que cumplía la función de perseguir y encarcelar a los estratos de menores recursos para que no se unieran y se levantaran contra sus opresores. Los oprimidos no sólo no se daban cuenta de esto, sino que el sistema operaba «incluso con el benéplacito (…) y hasta con el pedido» de buena parte de la mayoría. En otras palabras, cuando las mayorías piden que los delitos sean sancionados, no se dan cuenta de que, en realidad, están yendo contra sus intereses. He aquí la visión elitista: las mayorías necesitan alguien que los saque de su ceguera.

Zaffaroni también asignaba una función importante a los jueces, que a través de sus fallos justificaban el sistema: «El sistema penal necesita de la agencia judicial, porque sin ella se deslegitima totalmente». Es decir, que los jueces que cumplieran con las sanciones dictadas por las leyes eran cómplices de la inmoralidad del sistema.

Esta situación ponía a los jueces frente a un dilema: operar a favor del sistema penal o abolirlo. Pero Zaffaroni dudaba que fuera posible acabar con el sistema penal. ¿Cómo podría lograrse que una mayoría apoyara que se eliminen las sanciones a los delitos? Hecho a la luz del día, visto por todos y explicado con claridad, su intento de abolir el sistema penal chocaría contra la voluntad popular. Por lo tanto, al sistema había que abolirlo sin que el público se diera cuenta. Nuevamente, una visión antidemocrática.

Así es que Zaffaroni plantea la necesidad de aplicar una serie de tácticas intermedias, entre las cuales estaba el ejercicio de las penas mínimas. Cada juez, en cada fallo, debía determinar la mínima sanción posible, lo cual sentaba jurisprudencia. En el largo plazo, las penas serían tan cortas que el sistema estaría virtualmente acabado. Eso fue el erróneamente llamado movimiento garantista.

 

Postura ingenua

Su meta era clara: «Es incuestionable, a nuestro juicio, que el derecho penal mínimo es una propuesta que debe ser apoyada por todos los que deslegitiman el sistema penal, pero no como meta insuperable, sino como paso o tránsito hacia el abolicionismo». Esta postura frente a la sanción no es, por lo tanto, ingenua, sino que es parte de una estrategia muy bien pensada.

Zaffaroni, supuestamente en defensa de los sectores populares, se propuso una misión que, según el mismo reconocía, éstos no compartían. Su estrategia fue la creación de un movimiento para destruir el sistema penal. Todo lo contrario a la visión democrática, que propone que los gobernantes realicen en la función pública la misión que el voto popular les encomendó.///

 

(*) Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación