La Corte es la república

Simón Bolívar dijo alguna vez: “La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”. Con estas palabras como principios es que la propuesta de la actual administración de gobierno para completar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha generado sorpresa e incertidumbre. En este plano, la abierta contradicción entre la narrativa oficial y sus acciones reconoce y se asimila a experiencias ya vividas hace pocos años.

Haciendo un poco de historia, Raúl Alfonsín fue consecuente a sus ideales de restauración democrática y una de sus primeras medidas fue la de proceder a la remoción de los jueces de facto y designó una nueva integración de la Corte con 5 miembros. Para la nominación de sus nuevos integrantes ponderó la formación académica, sus antecedentes y trayectoria, la honestidad y prestigio alcanzados y su total identificación con los principios democráticos y republicanos.

Llegados los ´90 -ya bajo la administración de gobierno de Carlos Menem-, se avanzó en una controvertida ampliación de la Corte Suprema de Justicia (de 5 a 9 miembros), la cual le permitió garantizarse lo que se conocería posteriormente como la “mayoría automática”, logrando así un organismo adicto al poder político y que sumió a nuestro máximo tribunal en la desconfianza y el desprestigio.

Luego de la destitución de Antonio Boggiano (2005), el presidente Néstor Kirchner tenía frente a si una oportunidad inédita desde el retorno de la democracia: en algo más de dos años y medio de gestión designó seis miembros en el tribunal y pretendió oxigenar la cabeza del Poder Judicial, buscando robustecerlo en su independencia.

Resulta esencial entender que la existencia de un Poder Judicial independiente es una de las piedras angulares para la plena vigencia del Estado de Derecho y el crecimiento de un país. Su debilidad o parcialidad afecta el normal funcionamiento de las instituciones republicanas, en donde el manoseo constitucional por parte del Poder Judicial ha producido una suerte de “péndulo” que, lejos de cumplir el mandato de nuestra carta fundamental, nos convirtió en un país sin credibilidad ni confianza por sus pares.

Hoy parece que el republicanismo está en segundo plano, todo el debate es en clave económica, y ya no importan el abuso de los DNU, el atropello institucional, las violaciones a los derechos. Y la idea de repetir los errores de ayer en el presente es parte de un posible nuevo fracaso.

El reconocido economista liberal Friedrich A. Hayek sostenía que en un gobierno debe existir un tribunal de última instancia, con la autoridad suficiente, donde sus miembros deben poseer “cualificaciones especiales” que permitan conformar un tribunal autónomo, por cuanto “…al actuar bajo el imperio de la ley debe existir la posibilidad de revisión, por un tribunal independiente, de las resoluciones adoptadas”, dejando en claro que un tribunal independiente no solamente reconoce la idea republicana de gobierno, sino que es un valor esencial dentro de los principios de la libertad.

En definitiva, la designación de un miembro de la Corte Suprema tiene una relación directa con las aptitudes morales del candidato, su idoneidad técnica y jurídica, su trayectoria y su compromiso con la defensa de los derechos y los valores democráticos. Debe generar confianza y contribuir a la valoración social de la “Justicia”, es por eso la trascendencia y responsabilidad que le cabe al Poder Ejecutivo al momento de impulsar sus candidatos para el máximo tribunal, en donde debe resguardar fundamentalmente esos valores y tener presente las palabras del escritor y filósofo francés Albert Camus cuando expresó: “Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo”.///

Por Diego Armesto- Abogado constitucionalista

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