La creación del Defensor del Pueblo de Necochea

El autor asegura que se trata de un cargo innecesario, que conllevará un gasto dispendioso para el municipio

 

Santiago Armando Pugliese (*)

Para Ecos Diarios

 

Como se informara recientemente, el Concejo Deliberante dictó una ordenanza en su última sesión ordinaria, creando el organismo para nuestra ciudad, denominado por ley “Defensor del Pueblo”. La norma fue aprobada rápida y prácticamente “sobre tablas” por la mayoría simple de once concejales contra nueve que solicitaban el pase a comisión del proyecto, para un mejor estudio.

El organismo creado es unipersonal, apolítico (supuestamente), no depende de ningún funcionario superior y la ley le otorga una competencia amplísima por la que controlaría no sólo el accionar del intendente y funcionarios, sino del propio Concejo, entre otras cuestiones. Y hasta podría demandar en nombre del pueblo de Necochea en cuestiones que él lo considere necesario.  Es una especie de súper funcionario que no responde a ninguno superior sino al pueblo mismo en su conjunto.

Se entiende que, por la propia denominación que le da la ley de su creación oportunamente, Defensor del Pueblo -algo ampulosa a mi juicio-, y dado el ámbito de competencia expresado, el ciudadano común podría pensar que su labor sería fundamental, como si el intendente, funcionarios y concejales no fueran tan defensores del pueblo como él. Obviamente, ello no es así.

Me permito expresar entonces que a mi juicio, el Concejo Deliberante ha cometido un error con su creación, ya que se trata de un organismo innecesario, y cuyo gasto de puesta en marcha sería en consecuencia dispendioso por lo excesivo para el erario y especialmente, para el bolsillo del contribuyente.

Trataré de mostrarlo. Veamos: No se necesita ser muy memorioso para recordar que hace pocos años, el Concejo Deliberante, solito y solo, y con el mero apoyo en el texto de la vieja pero contundente y específica Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM), logró la remoción del intendente Horacio Tellechea, mediante el procedimiento por ella previsto y cuyas actuaciones fueron ratificadas por la autoridad provincial.

Unos cuantos años de ello, también el Concejo, sin el agregado de ningún súper funcionario, logró la remoción de Alfredo Vidal, quien había sustituido a Domingo Taraborelli tras su fallecimiento.

De modo que si la citada ley describe un procedimiento específico para sancionar al propio intendente, es claro que la misma norma prevé para funcionarios de menor grado, el procedimiento sumario que contempla desde la sanción más leve hasta la propia exoneración. El órgano municipal que tramita el procedimiento es el secretario Legal y Técnico (ex asesor general y asesor legal municipal), cargo que ocupa hoy un abogado con la respectiva competencia.

Pero si se trata de acciones delictuales, Necochea cuenta con un Departamento Judicial, integrado  por distintas unidades fiscales y defensorías en las que el contribuyente afectado tiene su resguardo. Sin dejar de lado las comisarías de Policía, Juzgado de Familia y de Menores, donde también el ciudadano afectado puede concurrir para ser atendido y resguardado. Obviamente los juzgados criminales y la respectiva Cámara, constituyen el bastión fundamental en la protección y búsqueda de la justicia.

En lo que hace a las cuestiones administrativas y de labor municipal, además de la oficina de informes con que cuenta el municipio para la consulta de contribuyente que desconoce dónde dirigirse, agrego que recientemente se ha creado una “oficina de orientación del contribuyente” como complemento, para que los vecinos tengan un ámbito adicional a la propia Municipalidad, en la cual presentar una queja, reclamo, demanda, etc., y ser orientados por el personal respectivo.

Dentro de la misma Municipalidad, funciona la OMIC, que es la oficina denominada más claramente de Defensa al Consumidor, muy eficiente con juez y personal capacitado para atender todos los reclamos, fundamentalmente por la deficiente o mala prestación de servicios públicos (telefonía, gas, luz, seguros, etc.) y cuyas  sentencias, aplicando las sanciones respectivas, son a menudo publicadas en Ecos Diarios.

Pero por si todo eso fuera poco, debe saber el contribuyente desprevenido que ya contamos con el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires (incluida Necochea por supuesto), cuya oficina-delegación se encuentra a la vuelta del municipio, por calle 54. Es decir, y para que quede claro: los contribuyentes de la Provincia toda, con nuestro pago de impuestos ya estamos aportando para el funcionamiento de dicho organismo provincial, con la misma competencia arriba expresada y que le dio la ley de su creación. A menudo se suele consultar a dicho funcionario sobre las novedosas cuestiones ambientales, especialmente referidas a la protección del suelo y el agua y en lo referido al Parque y al Puerto, por ejemplo.

De manera que la creación de un segundo organismo con similar competencia resulta innecesario, como dije al comienzo. Y su puesta en marcha constituiría un gasto dispendioso por lo excesivo. Al respecto, se ha informado en los medios que además del sueldo de funcionario, similar al de un concejal, el gasto comprendería algún otro personal y mobiliario y posiblemente el alquiler de un local para su funcionamiento (porque no debe compartir las dependencias municipales), lo que irrogaría una erogación superior a los dos millones de pesos anuales.

Dicho esto, me permito opinar que a mi juicio, la mirada del señor Intendente y los funcionarios, como también la de los señores concejales, debería estar puesta en las necesidades imperiosas, actuales, urgentes, inmediatas, del vecino con bolsillos enflaquecidos por una inflación que no cesa, un combo de tarifas casi impagables, lo que ha requerido el dictado de una moratoria para que pueda ponerse al día razonablemente. Y esas necesidades imperiosas del contribuyente, tienen mucho más que ver con la reparación de calles de tierra intransitables, pozos y cráteres en las calles pavimentadas, innumerables pérdidas de agua, basureros clandestinos, inseguridad y violencia delictual creciente y lo que es peor, la salud pública muchas veces comprometida por la falta de insumos o el pago demorado a los profesionales médicos.

Todo ello, sin embargo, lo menos que requiere de la autoridad municipal, es la creación de un súper organismo ya existente, con cuestionable competencia y que sólo implicaría un gasto adicional injustificable.

Resumiendo, me permito reiterar mi modesta opinión, pero creo que debidamente fundada en el real devenir de los hechos.

Como expresión personal y confesado anhelo personal, me resultaría de sumo agrado, como creo que a la mayoría de la población, que los señores concejales revisaran la ordenanza en cuestión, concluyendo que en realidad no existe necesidad en los tiempos que corren, para la creación de organismo referido. Y lo que sería mejor aún, dieran marcha atrás dejando sin efecto la ordenanza respectiva.

Entiendo personalmente que ello demostraría el buen criterio del cuerpo, reconociendo el error cometido. Ello, toda vez que la acción de gobierno debe tener muy bien sopesada, antes de su realización, la relación costo beneficio que ello implicaría para la población. Y acá es mayor el costo, que el beneficio presunto a lograr con la creación del súper funcionario.

 

(*) Abogado. Ex concejal. Ex asesor legal del municipio 1973-1976