La fiscalía anticorrupción pidió reabrir la investigación contra Javier Milei
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó dejar sin efecto el sobreseimiento del presidente y otros diez imputados al considerar prematuro el cierre del expediente.
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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, solicitó que se deje sin efecto el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros 9 imputados en la causa $LIBRA. El organismo argumentó que la investigación fue cerrada de manera prematura y que aún restan numerosas medidas de prueba por realizar.
La presentación, formalizada el 29 de octubre, cuestiona la resolución dictada el 23 de octubre por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien había dispuesto el sobreseimiento de los 11 investigados a pedido del fiscal Eduardo Taiano, bajo el argumento de que los hechos denunciados no constituían delito. La PIA, por el contrario, sostiene que los elementos reunidos no permiten descartar una maniobra defraudatoria.
En consideración de esta Procuraduría, de las propias constancias analizadas por el magistrado interviniente respecto de la solicitud de sobreseimiento por parte del fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N° 8, surge que la evidencia recolectada en el expediente requiere la profundización de la investigación de la prueba obtenida.
Entre los puntos cuestionados, la PIA advirtió sobre la falta de finalización en las tareas de trazabilidad financiera debido a limitaciones técnicas en el Ministerio Público Fiscal. Asimismo, el organismo señaló que no se valoraron adecuadamente indicios de ocultamiento, como el vaciamiento de cajas de seguridad por parte de Mauricio Novelli y la eliminación de conversaciones en dispositivos secuestrados a Sergio Morales.
El fiscal Rodríguez también cuestionó que se haya considerado agotada la cooperación internacional y remarcó la necesidad de profundizar el análisis sobre la participación del presidente en la difusión del criptoactivo. El organismo advirtió que la falta de regulación específica de las monedas virtuales no debe ser un obstáculo para investigar posibles delitos. En caso de que el juzgado rechace el pedido de reapertura, la PIA presentó un recurso de apelación para que intervenga la Cámara Federal.
