La Fiscalía pidió que se aparte de la causa la jueza Aída Lhez
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Cuestionamientos a la decisión de liberar al comisario inspector que fue detenido hace una semana en su casa de San Cayetano
La Fiscalía Nº 10 de la temática de delitos contra la integridad física de las personas, pidió que se revoque la decisión de la jueza de Garantías Nº 2, Aída Lhez, de liberar al comisario inspector detenido en la causa en la que se investiga el posible delito de pornografía infantil.
El fiscal Marcos Bendersky realizó el planteo ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Garantías y se analiza dicho requerimiento, donde se considera que la magistrada no actuó con imparcialidad y se solicitó que otro juez intervenga en el controvertido caso.
El funcionario policial que trabajó en la DDI local y tenía como destino próximo la ciudad de Miramar, fue dejado en libertad en menos de 48 horas de la detención y retornó a San Cayetano.
En esa vecina ciudad, el hombre tendría a un familiar directo alojado en un establecimiento geriátrico, según informaron ayer fuentes consultadas.
La detención
El comisario de alto rango de la Policía Bonaerense fue detenido hace una semana en el marco de un mega operativo que incluyó 65 allanamientos, realizados con el apoyo de la agencia Homeland Security, de Estados Unidos.
El procedimiento tuvo lugar en horas de la mañana y estuvo a cargo de personal policial y de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia, para detener a sospechosos de distribuir videos y fotos de abusos a menores, a través de Internet.
Eran siete los detenidos hasta ese momento, todos varones, de entre 35 a 65 años, con diversos oficios, como ingenieros en sistemas, cita la fuente mencionada, que informa asimismo que en la lista a la que pudo acceder, hay una persona de 51 años, del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, policía con el rango de Comisario Inspector.
Liberado por la Justicia
El efectivo fue arrestado en su domicilio de San Cayetano y trasladado a una celda de Necochea, pero en menos de 48 horas recuperó la libertad por disposición de la jueza Aída Lhez.
Participaron siete fiscalías de diversas jurisdicciones, entre ellas la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas Pornografía Infantil y Grooming de San Isidro, cargo de Gonzalo Acosta, su equivalente en Lanús con Soledad Garibaldi, la UFI N° 20 de Bahía Blanca, la N° 8 de Junín y la N° 8 de Dolores y la Fiscalía Nº 10 de nuestra ciudad, a cargo de Marcos Bendersky.
Aporte investigativo
La agencia Homeland Security Investigations (HSI) del Gobierno estadounidense aportó el software que permitió investigar el caso, según explicaron fuentes con acceso al expediente: el sistema permite el rastreo de números IP en los movimientos de material prohibido.
Esta vez, se emplearon sistemas Peer to Peer de vieja data, clásicos en el intercambio de pornografía infantil.
Se secuestraron diez CPU, veinte díscos rigidos, tres rígidos externos, cámaras filmadoras, pendrives, notebooks y 40 celulares que podrán ser peritados.
Los operativos de este tipo con información provista desde el exterior, con sistemas estadounidenses como NCMEC que ofrecen un tracking de los intercambios de material, son frecuentes en la Justicia argentina. Las alertas de Interpol también entran en juego.
En los últimos años, los sistemas Peer to Peer involucrados en esta causa, viejos programas para compartir archivos empleados popularmente a comienzos de siglo y todavía activos, quedaron en desuso, con pedófilos que comenzaron grupos de Telegram o WhatsApp.
