La inflación y la burocracia ponen freno a la realización de obras financiadas por el Estado

El largo proceso de cada licitación hace que los costos se disparen. Obliga a alterar proyectos y que el municipio deba poner dinero

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Hace pocos días el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y el intendente Arturo Rojas firmaron el convenio para la remodelación de la playa de camiones de Quequén, por el cual la comuna recibirá $440.000.000, cifra original de cuando se aprobara el proyecto el año pasado, y lejana a los $530.000.000 que hoy serían necesarios debido al espiral inflacionario que padece la Argentina.

Esta diferencia obligará, en principio, a modificar el plan previsto, por caso utilizando materiales de menor costo. Luego habrá que presentarlo ante la Nación y tras su aprobación, la Municipalidad recién podrá licitarlo. En el medio pasarán no menos de tres meses y la inflación seguirá carcomiendo el dinero disponible.

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El mencionado es solo el último ejemplo de lo que viene ocurriendo con varias obras gestionadas y aprobadas desde hace más de un año por la Provincia o la Nación (pueden citarse entre ellas la construcción del polideportivo de 67 y 98 o la pista de atletismo). Obras que debido a la escalada de precios en tal lapso de tiempo (en un orden de casi el 100%); y la burocracia exhibida por los estamentos superiores, terminan deshilachando los proyectos iniciales, u obligando a que el municipio tenga que sacar dinero de sus arcas para realizarlas.

Aunque no hay una cifra precisa, se estima que para concretar las obras anunciadas y ya aprobadas, la Municipalidad debería poner no menos de $200.000.000, una cifra nada fácil de lograr en el actual contexto.

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En el caso de las obras financiadas por la Nación, se hacen algunos ajustes al momento de licitarlas, aunque el monto no llega a cubrir el  costo total; mientras que en el caso de la Provincia, no hay actualizaciones.

Un sistema que atrasa

El sistema vigente obliga a los municipios a elaborar y presentar los proyectos que serán solventados por coparticipación; cargar los programas; esperar sus autorizaciones; firmar los convenios; licitar y luego ir percibiendo los fondos de acuerdo al avance de obra. Una estructura engorrosa y viciosa si se quiere, al ser llevada a cabo por reparticiones cargadas de funcionarios y empleados. Algo que bien podría evitarse.

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Otra de las consecuencias de esta enraizada burocracia, que viene desde hace largo tiempo, es que ante el actual escenario las constructoras están optando por no presentarse a las licitaciones, con lo cual se debe hacer otro llamado y se pierde más tiempo; o solcitan presupuestos muy superiores a los oficiales.

Todos con el mismo problema

La situación no es privativa de Necochea, donde integrantes del Ejecutivo municipal no disimulan su preocupación. En voz baja acusan que los funcionarios de la Provincia y la Nación usan “políticamente” la cuestión: “Se sacan fotos en los anuncios o firmando los convenios, pero después se olvidan y a veces ni siquiera vienen a inaugurar las obras”, deslizan.

Recientemente el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, salió a quejarse luego de la firma del convenio para remodelar la terminal de ómnibus de esa ciudad: “Es un proyecto que comenzamos en 2020… El lunes firmamos por 119 millones, pero el estudio que hicimos es de 177 millones, que es de cuando se presentó el proyecto; y hoy es otro país”, se quejó.

Luego fue contundente al decir que “en general con los funcionarios de los gobiernos (nacional y provincial), tenemos buena relación. Nunca me han atendido mal, pero hay mucha lentitud, corrigen mucho, piden mucha papelería. Por eso yo insisto con la importancia de la autonomía municipal, que vos te quedes con parte del dinero que tu ciudad produce, que es mucho; que lo tengas de entrada, por supuesto con control y auditorías. La cantidad de vueltas que dan los papeles, se atrasan, y en un país inflacionario te hace mucho daño”.

¿Fondos coparticipables?

Desde no pocas comunas se sostiene que una solución sería que en el caso de las obras, los fondos deberían ser coparticipables y afectados a las mismas, como sucede con otros bienes que llegan a los muncipios o el dinero destinado al mantenimiento de los caminos rurales. De esta manera se evitaría un entramado de tener que pasar por distintos organismos intermedios donde se debe presentar y explicar cada proyecto, esperar su aprobación y con el mismo comenzado, ir presentando los certificados del avance de obra, que por otro lado no son abonados inmediatamente y que en plena inflación perjudican a las empresas que hacen los trabajos.

Con esta estructura los municipios ejecutarían los envíos apenas arribados, y la Nación o la Provincia tendrían la potestad de constatar mediante inspecciones dicho proceso y la concreción de las obras.

De esta manera todo el proceso se agilizaría y se acortarían las pérdidas ante la inflación, ya que se gastaría menos y las comunas no se verían obligadas a sacar dinero de otro lado. ///