La Justicia de EE.UU. ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF
La jueza Loretta Preska dio lugar a un pedido de los demandantes; el país no pagó una garantía
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La Justicia de Estados Unidos ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF como forma de pago a los fondos Burford y Eton Park, que ganaron en primera instancia una demanda por la expropiación de la petrolera. El monto de la sentencia asciende a US$16.100 millones más intereses.
La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, hizo lugar al pedido de embargo de acciones. El presidente Javier Milei confirmó que apelará. La magistrada exigió que se depositen las acciones en una cuenta del Bank of New York Mellon y que, de inmediato, se transfieran a los demandantes o a quien designen.
El fallo sorprendió al Estado argentino, ya que el propio Departamento de Justicia de EE.UU. había pedido en noviembre que se rechazara ese embargo. El país sostiene que las acciones están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires y no en Nueva York, por lo que no estarían sujetas a la jurisdicción estadounidense.
Preska ya había solicitado en el pasado una garantía de pago que el país nunca cumplió. Entre las opciones, se mencionaba el depósito de un tercio de las acciones de YPF o un supuesto crédito de Paraguay por la construcción de Yacyretá, que nunca fue formalizado. Además, para transferir acciones de YPF se requiere aprobación del Congreso, lo que vuelve inviable la medida.
“El Gobierno debería haber depositado una garantía en enero. Al no hacerlo, los demandantes pueden avanzar con embargos”, explicó el consultor Sebastián Maril. “Aunque la Argentina apelará, Preska autorizó la entrega de las acciones como parte de pago”, agregó.
Preska sostuvo que el país violó el estatuto de YPF al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas al momento de la estatización, como establece el artículo 7 del estatuto bursátil de la petrolera.
Eton Park y Burford –que compró el derecho a litigar tras la quiebra de las firmas Petersen– reclaman que la Argentina perjudicó a los accionistas minoritarios. Petersen Energía y Petersen Inversora, creadas por la familia Eskenazi en España, habían comprado el 25% de las acciones de YPF con préstamos que se pagarían con dividendos, pero quebraron tras la estatización en 2012.
En su fallo, Preska citó declaraciones del entonces viceministro Axel Kicillof, quien en el Congreso había dicho que cumplir el estatuto de YPF hubiera significado pagar US$19.000 millones, y que “sería estúpido hacerlo”. La jueza utilizó esas palabras para sostener que la Argentina actuó fuera de la ley.
Actualmente, el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, donde tanto la Argentina como los fondos buscan revertir la sentencia o ampliarla para incluir a YPF como parte responsable. Todos los escritos ya fueron presentados y se espera que en los próximos meses se fije una audiencia.
Desde el Gobierno recuerdan que el artículo 10 de la ley 26.741, que autorizó la expropiación, prohíbe transferir acciones sin el aval del Congreso. Sin embargo, Preska argumentó que “los gobiernos extranjeros no pueden invocar su ley interna para evitar fallos de tribunales de EE.UU.” y que “la cortesía entre Estados no puede anular las excepciones de la ley de inmunidad soberana”.
El juicio comenzó en 2015. En paralelo a la causa principal, la jueza determinó que YPF como empresa quedó exenta de responsabilidades, pero el Estado argentino, como accionista mayoritario, deberá indemnizar a los demandantes. Ahora la pulseada se traslada al tribunal de apelaciones, donde se definirá el futuro de uno de los juicios más costosos para el país desde la crisis de 2001.
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