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    La Justicia de Necochea confirmó que un hombre de San Cayetano irá a juicio por la tenencia de varias armas

    La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal rechazó el planteo de nulidad del allanamiento y confirmó la elevación a juicio de la causa contra Oscar Adrián Escala

    20 de noviembre de 2026 | 08:31
    Parte del arsenal encontrado en San Cayetano
    Parte del arsenal encontrado en San Cayetano
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    La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Necochea confirmó la elevación a juicio de una causa que tiene como imputado a Oscar Adrián Escala, acusado de tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil, a raíz del secuestro de varias armas durante un procedimiento policial realizado en una vivienda de San Cayetano.

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    La resolución, fechada el 18 de noviembre de 2026, ratificó lo dispuesto anteriormente por el Juzgado de Garantías Nº 1 Departamental, a cargo del juez subrogante Nicolás Lamberti, que había rechazado tanto el pedido de nulidad del allanamiento como el sobreseimiento solicitado por la defensa.

    El pronunciamiento de la Cámara tuvo una particularidad: mientras los tres magistrados coincidieron en validar el procedimiento policial y el secuestro de los elementos, hubo diferencias respecto de la situación de una de las armas incautadas. Finalmente, por mayoría, se resolvió que tampoco correspondía sobreseer al acusado por ese elemento y que la causa debía avanzar hacia el debate oral.

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    Los jueces Alfredo Pablo Noel y Marcela Fabiana Almeida acompañaron el criterio de rechazar el sobreseimiento, mientras que Daniel Oscar Surgen sostuvo una posición diferente y consideró que correspondía dictar el sobreseimiento parcial respecto de una carabina calibre 22 que, según la pericia balística, no estaba en condiciones de efectuar disparos.

    El allanamiento y el planteo de la defensa
    Uno de los principales cuestionamientos del abogado defensor, Emanuel Adolfo Vallota, estuvo relacionado con la legalidad del procedimiento realizado en el inmueble ubicado en avenida San Martín 612, esquina Sarmiento, de San Cayetano.

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    La diligencia se había concretado el 6 de diciembre de 2025, alrededor de las 7.45, en el marco de otra investigación penal que tenía como imputado a Juan Bernardo Escala, por amenazas y hurto.

    Casa Escala San Cayetano

    La orden judicial tenía como finalidad buscar y secuestrar determinados elementos, entre ellos relojes y una cadena de oro que presuntamente habían sido sustraídos.

    Según la reconstrucción incorporada a la resolución, los efectivos policiales ingresaron a la vivienda y comenzaron el procedimiento en la habitación de Juan Bernardo Escala, donde encontraron un reloj marca Emporio Armani, de color azul. Posteriormente revisaron otra habitación, perteneciente a Juan Pedro Escala, sin hallar elementos de interés.

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    Finalmente, ingresaron al dormitorio de Oscar Adrián Escala, donde encontraron las armas que dieron origen a la investigación por tenencia ilegal.

    La defensa sostuvo que, una vez cumplido el objetivo principal del allanamiento, el personal policial ya no estaba autorizado a continuar con el registro de otras habitaciones. Por ese motivo, consideró que el ingreso al dormitorio de su asistido constituyó una nueva intromisión en un ámbito privado, sin una autorización judicial específica.

    El abogado entendió que esa situación afectaba las garantías constitucionales de inviolabilidad del domicilio, privacidad y debido proceso, por lo que solicitó que se declarara la nulidad del procedimiento y de los elementos secuestrados.

    Sin embargo, la Cámara rechazó ese argumento por unanimidad.

    Los magistrados consideraron que la orden judicial autorizaba el registro de todo el inmueble, sin establecer limitaciones respecto de habitaciones determinadas. Además, señalaron que no se había encontrado la totalidad de los objetos buscados en los primeros dormitorios, por lo que la diligencia no podía considerarse agotada.

    En ese contexto, entendieron que los policías estaban habilitados para continuar con el registro de las restantes habitaciones de la planta alta.

    También valoraron que las armas fueron encontradas a simple vista una vez que los efectivos ingresaron al dormitorio de Escala, circunstancia que encuadraron dentro de la denominada doctrina de la "plain view", o hallazgo a simple vista.

    Para los jueces, no existió una nueva intromisión autónoma en un ámbito de privacidad ni un procedimiento que excediera los límites de la autorización judicial.

    La carabina que generó diferencias
    El segundo planteo de la defensa estuvo relacionado con una carabina calibre 22, marca Halcón, número de serie 24343, que había sido secuestrada durante el allanamiento.

    La pericia balística realizada el 10 de febrero de 2026 determinó que el arma no era apta para efectuar disparos. En las pruebas realizadas, la aguja percutora no logró accionar el fulminante del cartucho utilizado.

    A partir de ese resultado, la defensa consideró que la conducta atribuida a Escala no podía encuadrarse en el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, por lo que solicitó su sobreseimiento parcial.

    El juez Alfredo Pablo Noel rechazó esa interpretación. Sostuvo que el delito previsto en el artículo 189 bis, inciso segundo, primer párrafo, del Código Penal constituye una figura de peligro abstracto, que sanciona la tenencia de armas sin autorización legal y que no exige necesariamente demostrar que el elemento haya producido un peligro concreto.

    En ese sentido, consideró que la falta de aptitud para el disparo de una de las armas no determinaba automáticamente la atipicidad de la conducta, especialmente porque la imputación comprendía otros elementos que, de acuerdo con la pericia, sí estaban en condiciones de efectuar disparos. A su postura adhirió la jueza Marcela Fabiana Almeida.

    En cambio, el magistrado Daniel Oscar Surgen votó en disidencia. Para fundamentar su posición, retomó un criterio que ya había sostenido en otra causa penal y argumentó que la tenencia de un arma que no puede disparar carece de la capacidad potencial de afectar la seguridad pública.

    Por ese motivo, consideró que correspondía sobreseer parcialmente a Escala respecto de la carabina Halcón.

    Finalmente, prevaleció la posición mayoritaria y la Cámara confirmó el rechazo del sobreseimiento.

    Qué armas fueron secuestradas
    La investigación judicial se originó a partir del procedimiento realizado en diciembre de 2025 en el domicilio de avenida San Martín 612 de San Cayetano.

    De acuerdo con la descripción del hecho incorporada a la resolución, los efectivos policiales encontraron en poder de Oscar Adrián Escala, y bajo su esfera de disponibilidad, seis elementos identificados como armas o dispositivos de características similares.

    El listado incluido en la imputación comprende:
    - Una carabina calibre 22, marca Halcón, número 24343, con cargador colocado y sin munición.
    - Una escopeta marca Sportman, calibre 36, número 20652, con una munición en el cañón.
    - Una escopeta sin marca visible, calibre 14, con una munición en el cañón.
    - Una escopeta sin marca visible, calibre 36.
    - Una escopeta calibre 36, sin numeración visible ni marca.
    - Un elemento denominado "mata gato", calibre 22
    , sin marca ni numeración visible y que no posee cola de disparador.

    La pericia balística estableció que, con excepción de la carabina Halcón, los restantes elementos secuestrados resultaban aptos para efectuar disparos y fueron considerados armas de fuego de uso civil.
    La acusación sostiene que Escala tenía esos elementos bajo su disponibilidad sin contar con la correspondiente autorización legal.

    Ese es, precisamente, el núcleo de la causa que llegará a juicio: determinar la responsabilidad penal del acusado por la presunta tenencia ilegítima del armamento encontrado en su habitación.

    La figura penal investigada es la contemplada en el artículo 189 bis, inciso 2, primer párrafo, del Código Penal, correspondiente a la tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

    Con la resolución de la Cámara quedó confirmado que el procedimiento policial fue válido y que los elementos secuestrados podrán integrar el material probatorio del proceso.

    Ahora será durante el debate oral cuando deberán analizarse las pruebas reunidas, las circunstancias en que se encontraban las armas, la disponibilidad que tenía el imputado sobre ellas y la eventual responsabilidad penal que pudiera corresponderle.

    La decisión judicial no implica una condena, sino que habilita la continuidad del proceso hacia la instancia de juicio.

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