La Justicia frenó el cierre de Vialidad Nacional

Un juzgado de San Martín puso un freno a una de las medidas más polémicas del gobierno de Javier Milei: la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional. El fallo, emitido por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2, hizo lugar a una cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina) y dispuso una medida de no innovar que suspende, por el momento, la implementación del decreto que había ordenado el cierre del organismo.

El revés judicial representa un nuevo obstáculo para la “motosierra” libertaria y cuestiona la validez de la Ley Bases como respaldo legal para avanzar con la disolución de Vialidad, un ente autárquico cuya creación, según explicó la secretaria general de Sevina, Emiliana Mcnamara, “responde a un decreto ley que impide su eliminación por decreto simple”.

Mcnamara celebró la decisión y advirtió: “Tenemos Vialidad para rato, ojalá que sea así. Y si no, seguiremos luchando desde lo político, en la calle y en la Justicia”. Además, subrayó la importancia del organismo: “Es el ente que se tiene que encargar de cuidar las rutas nacionales. Este problema no se resuelve ni desfinanciando ni disolviendo”.

La cautelar ordena que no se avance con el desguace ni con el traspaso de funciones mientras se resuelve la cuestión de fondo: si el cierre ordenado por el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, es o no legal.

A esta presentación se sumó otra realizada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), que también pidió frenar la disolución de Vialidad Nacional, así como de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. En este caso, la acción va más allá: exige que se declare inconstitucional el decreto presidencial.

Por ahora, Vialidad Nacional seguirá en pie. Y en tribunales se abre una disputa clave sobre los límites de la reforma estatal impulsada por el oficialismo.