La Justicia habilitó a la Defensoría del Pueblo a reclamar por el recorte de Zona Fría
La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó una resolución previa y permitió que el organismo avance con su amparo colectivo contra la quita del beneficio tarifario en el gas.
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La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata tomó una decisión trascendental al habilitar a la Defensoría del Pueblo para que continúe con su reclamo judicial frente al recorte del Régimen de Zona Fría. Esta medida implica la pérdida del descuento automático del 30% en la tarifa de gas para los usuarios residenciales del distrito, un beneficio que ha sido objeto de una intensa disputa legal en los últimos meses. Los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Santiago Martín fueron los encargados de revocar la resolución de primera instancia emitida por el Juzgado Federal N°4, la cual había desestimado inicialmente la presentación del organismo conducido por Marcelo Lacedonia bajo el argumento de que carecía de legitimación activa para actuar como demandante en el fuero federal.
El fallo de los magistrados subraya que, si bien la normativa en cuestión posee un alcance nacional, esto no constituye un impedimento para que la Defensoría del Pueblo pueda ejercer su rol de representación. Según el criterio de la Cámara, la ley 27.828 no impacta de manera uniforme sobre la totalidad de la población argentina, sino que afecta a un grupo específico de ciudadanos situados en una zona determinada de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, los jueces destacaron que, aunque el amparo colectivo cuestiona la constitucionalidad de una ley sancionada por el Congreso, el conflicto posee una naturaleza local que justifica la intervención del organismo municipal en defensa de los intereses de los vecinos afectados por la quita del beneficio tarifario.
Asimismo, los magistrados hicieron hincapié en que el rechazo in limine de una demanda debe reservarse exclusivamente para casos de carácter excepcional. En su resolución, enfatizaron la necesidad de actuar con especial mesura, tino y cautela a fin de no provocar una denegación de justicia. Esta postura coincide plenamente con el dictamen previo de la Fiscalía General, que ya había señalado que la entidad municipal estaba efectivamente facultada para representar a los usuarios y encabezar la demanda contra las autoridades nacionales y las empresas prestadoras del servicio de gas. Tras esta resolución, el expediente regresará al Juzgado Federal N°4, donde se deberá analizar la medida cautelar solicitada y evaluar si corresponde tramitar el reclamo bajo la figura de acción colectiva.
La demanda presentada por la Defensoría del Pueblo está dirigida contra tres actores fundamentales: el Estado nacional, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, y la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana. El organismo ha planteado la urgencia de una medida cautelar que logre detener la quita del beneficio de manera inmediata. Al respecto, desde la institución explicaron:
Solicitamos que se ordene mantener las condiciones tarifarias de Zona Fría, frenando de inmediato la aplicación de los filtros del sistema SEF (Subsidios Energéticos Focalizados) para los usuarios de nuestra región.
Además de la solicitud de mantener las condiciones vigentes, la Defensoría del Pueblo pidió que se prohíba al ente regulador homologar cualquier cuadro tarifario nuevo sin que se realice previamente una audiencia pública, garantizando así la participación ciudadana en decisiones que afectan directamente el bolsillo de las familias. En cuanto a la cuestión de fondo, el organismo reclamó que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.828 por considerar que rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos. Argumentaron que la normativa obliga a los marplatenses a cumplir requisitos patrimoniales estrictos para mantener el beneficio, mientras que a la Patagonia se lo otorga de manera automática y sin condiciones, a pesar de compartir la misma clasificación climática que justifica el subsidio.
Otro punto central de la crítica de la Defensoría del Pueblo se enfoca en los indicadores de exclusión establecidos en la Disposición 2/2026. El organismo cuestionó severamente los criterios que dejan fuera de los subsidios focalizados a aquellas familias que poseen un auto de menos de tres años de antigüedad o que suman tres inmuebles. Sobre este último punto, explicaron que un departamento junto a su cochera y su baulera puede ser contabilizado como tres propiedades, lo cual resulta en una exclusión injusta sin importar si los ingresos reales de los hogares son bajos. Esta situación, según la entidad, genera una vulnerabilidad económica innecesaria para muchos usuarios que, bajo una interpretación técnica, quedan desprotegidos ante el aumento de las tarifas de gas.
La expectativa ahora se traslada al Juzgado Federal N°4, que deberá retomar el caso con la instrucción de la Cámara de considerar la legitimación de la Defensoría del Pueblo. La resolución de este conflicto es esperada por miles de usuarios que aguardan una definición sobre la continuidad de los descuentos en sus facturas. El proceso judicial se presenta como una instancia clave para determinar si los criterios de focalización aplicados por el Estado nacional son compatibles con los derechos de los consumidores. Mientras tanto, el organismo municipal mantiene su postura de defensa ante lo que considera una discriminación tarifaria que afecta a gran parte de la población local, insistiendo en la necesidad de revisar los parámetros de exclusión que han generado tanta controversia en los últimos meses.
El avance del amparo colectivo representa un paso significativo para los usuarios residenciales, quienes han visto cómo sus facturas de gas se incrementaron tras la implementación de los nuevos filtros del sistema SEF. La Defensoría del Pueblo ha reiterado que su objetivo principal es garantizar que las condiciones tarifarias no se vean alteradas de forma arbitraria. La causa, que ahora vuelve a su tribunal de origen, será monitoreada de cerca por los sectores afectados, quienes ven en este proceso judicial la única vía posible para frenar la quita de un beneficio que consideran esencial para afrontar los costos de vida en una zona caracterizada por sus bajas temperaturas durante gran parte del año.
En conclusión, la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata no solo valida la actuación de la Defensoría del Pueblo, sino que también abre la puerta a un debate más profundo sobre la constitucionalidad de las medidas implementadas por el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía. La justicia deberá ahora ponderar los argumentos presentados por el organismo local frente a las políticas nacionales de subsidios, en un proceso que promete ser extenso pero determinante para el futuro de la tarifa de gas en la región. La comunidad permanece atenta a las próximas novedades que surjan desde el Juzgado Federal N°4, esperando una resolución que contemple la realidad socioeconómica de los usuarios residenciales que hoy se encuentran en una situación de incertidumbre tarifaria.
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