La Justicia intervino los hoteles de Cristina Fernández en la causa Hotesur
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El juez federal Julián Ercolini dispuso hoy una virtual intervención judicial en las empresas Hotesur, Valle Mitre e Idea, vinculadas a los hoteles de la ex presidenta Cristina Fernández y designó «dos veedores informantes de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)».
El juez también dispuso «la prohibición de innovar la composición accionaria» de esas firmas y resolvió «la inhibición general de bienes» para las sociedades Valle Mitre e IDEA.
Valle Mitre es propiedad de Lázaro Báez y fue la antigua administradora de la firma Hotesur -dueña del hotel Alto Calafate, de los Kirchner-, mientras que desde 2013 siguió con la administración Idea, que pertenece al empresario Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo Kirchner.
La fiscalía había solicitado la intervención judicial de las empresas Hotesur SA, Valle Mitre SA e Idea SA y la afectación a este proceso de las ganancias de las referidas firmas y los cánones abonados por el alquiler de los hoteles Alto Calafate, La Aldea del Chaltén y la Hostería Las Dunas.
«La gestión de los veedores informantes deberá extenderse por 6 meses y dirigirse, en este caso, a la determinación del estado de los bienes que poseen las empresas en cuestión, y los pormenores de los negocios y actividades que aquellas realicen, medidas que le permitirán al suscripto tener un conocimiento acabado sobre el funcionamiento de las firmas, sin interferir en su administración», sostuvo el juez en su resolución.
Los veedores de la AFIP, consignó Ercolini, «deberán dirigir su actuación con la finalidad de procurar la fiscalización de las firmas, determinar del estado de los bienes que poseen las empresas en cuestión, y los pormenores de los negocios y actividades que aquéllas realicen, vigilar la conservación del activo y cuidar que los bienes que posean no sufran deterioro o menoscabo».
También estarán a cargo, prosiguió, de «comprobar entradas y gastos y toda irregularidad que adviertan en la administración» a la vez que informar «si se verifica la extracción por parte de los socios de dinero como crédito con la sociedad y/o adelantos o retiros de caja chica».
Hotesur es una de los expedientes que se investigan dentro de la causa por la asociación ilícita en donde fue denunciada la ex presidenta y su marido, el fallecido Néstor Kirchner, funcionarios y amigos.
Precisamente, Ercolini ya dictó procesamientos de la ex mandataria como jefa de esa banda delictiva en lo que fue la concesión de la obra pública al empresario Báez. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques habían pedido días atrás estas medidas en la causa Hotesur que se sigue contra la ex presidenta y sus dos hijos, Florencia y Máximo.
Según la hipótesis fiscal, la maniobra habría consistido en «la adquisición por parte de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner de los hoteles Alto Calafate (perteneciente a la firma Hotesur SA), La Aldea del Chaltén (de la sociedad Los Sauces SA) y la Hostería Las Dunas (actualmente propiedad de Máximo y Florencia Kirchner), que luego serían utilizados para canalizar los fondos sustraídos junto a Lázaro Báez a través de la adjudicación irregular de la obra pública en Santa Cruz».
«La firma habría funcionado como sociedad pantalla entre el grupo económico de Báez y los ex presidentes, al ser la encargada de la administración y, entre otras tareas, de abonar los cánones por los alquileres para que los fondos obtenidos de la obra pública irregularmente adjudicada salieran ‘limpios’ para ser recibidos por la familia Kirchner y las firmas Los Sauces SA y Hotesur SA; tarea que a partir del año 2013, fue cumplida por Idea SA, perteneciente a Osvaldo Sanfelice», señaló la fiscalía.
Según dijeron Pollicita y Mahiques, se pretende «proceder a la recaudación de ganancias de actividad y detener el provecho que Máximo y Florencia siguen obteniendo» en función de que Cristina Fernández cedió su parte accionaria de la firma Hotesur a sus hijos.
En tanto, el juez dispuso las inhibiciones generales de bienes con el fin de «mantener el estado de cosas que a la fecha existe y evitar la eventual dilución de los bienes conocidos y los futuros que pudieran poseer las personas jurídicas cauteladas».
«La prohibición de innovar la composición accionaria de todas las empresas antes referidas y de distribuir dividendos aparece también como una medida esencial para evitar que las personas imputadas se desprendan de las acciones que registren a su nombre o que obtengan ganancias sospechadas de provenir de medios ilícitos, al tiempo que se aseguraría evitar el provecho del dinero obtenido ilegalmente», escribió el juez.
