"La ley de lobby permitiría blanquear lo que hoy ocurre igual"

Durante una entrevista en el programa "Punto de Vista" de Ecos Radio, el abogado Diego Dousdebes, especialista en Derecho Penal y profesor adjunto de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de La Plata, se refirió al debate sobre una posible regulación de la actividad de lobby en la Argentina y sostuvo que una legislación de este tipo podría contribuir a transparentar los vínculos entre los sectores privados y la política.

Consultado sobre el alcance de una “ley de lobby”,  Dousdebes explicó que se trata de una herramienta que permite regular la intervención de grupos de interés en los procesos legislativos. “Básicamente es una estructura legal que legitima la intervención de determinados grupos de poder en ámbitos legislativos para promover o impulsar la sanción de normas que les resultan favorables o necesarias para su actividad”, indicó.

Según señaló, el lobby existe en los hechos y su regulación permitiría transparentar mecanismos que actualmente funcionan sin un marco normativo específico. “Yo estoy a favor porque realmente hoy el lobby existe igual, lo único que no está blanqueado”, afirmó.

El especialista consideró que la ausencia de una regulación no ha evitado cuestionamientos sobre la relación entre financiamiento político y toma de decisiones públicas. En ese sentido, sostuvo que “el no tener la ley favorece o facilita mecanismos alternativos de obtención de financiación que generan o impulsan actos de corrupción”.

Asimismo, señaló que una normativa permitiría que los ciudadanos conozcan qué sectores respaldan económicamente a candidatos o espacios políticos. “Contar con herramientas de financiación que sean conocidas, incluso para el electorado, es mejor”, expresó.

Ante la consulta sobre el riesgo de que los funcionarios queden condicionados por quienes aportan recursos para campañas electorales, Dousdebes consideró que el funcionamiento adecuado de una ley de lobby requiere instituciones sólidas. “No funciona bien una ley de lobby sin un aparato judicial independiente”, manifestó.

En ese marco, identificó como uno de los principales desafíos la independencia del Poder Judicial. “El problema que tenemos nosotros es institucional”, sostuvo, y agregó que la forma de designación de magistrados federales genera una fuerte influencia de la política sobre la Justicia.

Finalmente, reiteró que una eventual regulación debería estar acompañada por mecanismos de control que eviten abusos y garanticen que las decisiones públicas respondan al interés general. “Necesitamos reforzar la independencia del Poder Judicial para que no haya excesos en la intervención de sujetos privados en las políticas públicas y para garantizar que este tema legislativo se cumpla legalmente”, expresó.