La Libertad Avanza presentó un pedido de juicio político contra la jueza que suspendió la Ley Penal Juvenil
El diputado nacional Alejandro Carrancio impulsó la medida contra la magistrada Marta Elba Pascual, tras la suspensión de la normativa nacional en la provincia de Buenos Aires.
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La Libertad Avanza presentó formalmente el pedido de enjuiciamiento contra Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La magistrada había suspendido en todo el territorio bonaerense la aplicación de la Ley nacional 27.801.
La presentación fue realizada por Alejandro Carrancio, diputado nacional y vicepresidente de LLA PBA. El escrito sostiene que la magistrada excedió los límites de su función al dejar sin efecto una norma sancionada por el Congreso y, al dictar una medida con alcance general, avanzó sobre una competencia propia del poder legislativo.
La jueza Pascual había dispuesto la suspensión de la ley por 60 días a través de una medida cautelar, tras un pedido de la ONG católica Federación Familia Grande Hogar de Cristo, vinculada al padre José María “Pepe” Di Paola. No obstante, los jueces Miguel Navascués y Miguel Alberdi, de la Cámara de Lomas de Zamora, revocaron posteriormente dicho fallo.
Para LLA PBA, el episodio excede la discusión jurídica puntual y pone en cuestión un principio básico del sistema republicano: los jueces deben aplicar y controlar las leyes dentro de sus competencias, no sustituir al Congreso ni bloquear de manera general una decisión legislativa nacional.
El pedido de Carrancio solicita que la jueza sea suspendida en sus funciones de modo preventivo mientras se sustancia el juicio político. La decisión final recae en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, aunque previamente la secretaría permanente de juicio político deberá determinar la admisibilidad de la denuncia.
Por otra parte, la Ley Penal Juvenil, sancionada en febrero, continúa sin vigencia debido a que el lunes la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis, del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3, la declaró inconstitucional. Esta decisión ya fue apelada y podría motivar un pedido de juicio político por parte de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la CABA.
Cabe recordar que la nueva ley reduce la edad de punibilidad de 16 a 14 años, limita a 15 años la pena máxima de prisión efectiva, reduce las escalas penales y prioriza las alternativas a la cárcel. La jueza Pascual, quien manifestó estar de acuerdo con la baja de la edad de punibilidad, argumentó en su momento que el sistema institucional no está preparado en la provincia para su aplicación.
