Una madre perdonó al responsable de la muerte de su hija
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La muerte de Melisa Núñez se ventila en un debate judicial. Hay más de veinte testigos convocados. Son dos los imputados por el derrame de un producto tóxico que envenenó a la víctima y provocó perjuicios a la salud de otras diez personas del barrio Puerto Quequén
Después de más de tres años del luctuoso episodio ocurrido en un sector del barrio Puerto Quequén, este lunes comenzó el juicio oral por la muerte de la joven correntina Melisa Beatriz Núñez (19).
Con la participación de más de 20 testigos (los convocados) se ventiló lo ocurrido aquella tarde del lunes 13 de abril de 2015, en la cuadra de calle 507 entre 534 y 536.
En ese lugar, más precisamente, en el interior de un depósito de mercadería peligrosa para la salud humana, se produjo un derrame de un producto tóxico que envenenó a la víctima y generó intoxicaciones a más de diez personas.
Hay dos imputados por el delito de “infracción a la Ley de Residuos Peligrosos”, los hermanos Emiliano y Federico Cañada, responsables de la firma comercial Shipinsuarence S.A.
Es un caso inédito en la Justicia. Federico Cañada pidió declarar y se dijo responsable como dueño de la empresa, agregando que la situación se les fue de las manos. Asimismo, sostuvo que se trató de un accidente sin intención de dañar la salud de nadie.
Posteriormente a la declaración, comenzó a hablar Mercedes Fernández, la madre de Melisa Núñez. Dijo haber estado con Cañadas, quien le dio la misma explicación que en el juicio oral. Reconoció que como madre no es fácil la situación de estar pidiendo justicia después de tres años, pero manifestó que está «para perdonar», y pidió que no vuelva a pasar nunca más lo que le sucedió a su hija. Fernández, así ratificó que Federico Cañadas «se hizo cargo» de la muerte de su hija.
La fiscal Silvia Gabriele llevó a cabo la instrucción del caso y ahora tendrá a su cargo la acusación durante el debate oral que se inició este lunes a las 10 en la sala del Tribunal Criminal Nº 1.
El triunvirato de jueces, está a cargo de Mariana Giménez, Ernesto Juliano y Carlos Herrera.
Por su parte, la defensa de los acusados está a cargo del abogado de Olavarría, Mariano López, mientras que la representante del particular damnificado es la letrada Florencia Angeletti, quien asesora legalmente a la madre de Melisa, la señora Mercedes Fernández, y adelantó que va por una «justicia restauradora».
Una tragedia
El deceso de Melisa Núñez se produjo por la intoxicación sufrida con residuos tóxicos derramados por las cañerías cloacales de las viviendas de un sector del barrio Puerto Quequén.
Precisamente, la chica y su pareja (Matías Ortiz) alquilaban una casa situada en la esquina de calles 507 y 536, pero otras diez personas de los alrededores resultaron con problemas de salud y debieron ser atendidas en los hospitales municipales.
Según la investigación judicial, desde un depósito de agroquímicos y otros productos, a unos 50 metros de donde se hallaba la joven descansando, se arrojaron a los desagües una serie de deshechos de dicha mercadería en el momento en que se producía una fuerte lluvia.
La investigación también logró determinar que además del deceso de la joven nativa de la provincia de Corrientes y otros vecinos del sector (entre ellos, algunos niños) padecieron signos de envenenamiento.
Postura de la Fiscalía
La Fiscalía sostiene que los responsables de la empresa en ocasión de manipular el citado de Aluminio (compuesto por fosfina), sustancia que se encuentra comprendida en la Ley 24.051, derramaron el producto en el patio externo del inmueble de la firma comercial.
Fue durante la limpieza del piso y ese líquido alcanzó el sistema de cañerías cloacales y se distribuyó entre las conexiones de las viviendas linderas.
Esto luego provocó explosiones que generaron daños materiales en inmuebles de las adyacencias al depósito, siempre sobre la calle 507 entre 534 y 536, del barrio Puerto Quequén.
El agua utilizada para la limpieza de los restos y la intensa precipitación de esa jornada del 13 de abril de 2015, entre las 15 y las 16, permitió el contacto del residuo con el líquido y resultó ser de extrema toxicidad para la salud humana.
La chica tenía signos de envenenamiento
Melisa Beatriz Núñez estaba descansando en el interior de la casa que alquilaba junto a su pareja, Matías Ortiz. La chica llegó de estudiar del Instituto Superior de Formación Docente Nº 31 y decidió reposar.
En un momento comenzó a sentirse mal y llamó a Ortiz que era integrante en ese momento de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Puerto Quequén.
El joven llegó a la vivienda y encontró a Melisa inconsciente, acostada en la cama de la habitación. De inmediato la trasladó hasta el Hospital Municipal Ferreyra.
Los médicos que atendieron a la adolescente intentaron compensarla, pero finalmente falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, alrededor de las 23 de ese trágico lunes 13 de abril de 2015.
La operación de autopsia luego reveló que la víctima fatal presentaba signos de envenenamiento.
Posible negligencia
A raíz de la muerte de Melisa se inició una investigación para determinar si existió “negligencia”, en el almacenamiento de agro tóxicos en un depósito ubicado en la misma calle 507 entre 534 y 536.
A tan sólo 50 metros de ese lugar vivía la víctima que era oriunda de Corrientes y se radicó en Quequén junto a Matías Ortiz, ya que éste formaba parte de las filas de la Prefectura Quequén.
La Fiscalía también investigó el accionar de funcionarios del gobierno municipal de ese momento, en relación a los controles comerciales que debieron hacerse sobre el funcionamiento de lugares que aglutinan productos vinculados con la fumigación en campos y de embarcaciones.
Por todo esto hay otra causa que avanzó en forma paralela al sumario penal que mañana comenzará a debatirse.
Las imputaciones
Tras el accionar del Ministerio Público Fiscal, que avanzó en la pesquisa para determinar qué sucedió dentro de la empresa Shipinsuarence S.A., perteneciente a los hermanos Cañada, se llegó al debate oral que se inicia mañana en la sala del Tribunal Criminal Nº 1.
Las imputaciones son por “infracción a la Ley de Residuos Peligrosos” y la Justicia local tendrá en días más la decisión final.
