La prolongación de un conflicto gremial y los continuos paros retrasan la actividad judicial
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Impactan mayormente en el fuero laboral. Se generan perjuicios. El Colegio de Abogados expresó su contrariedad y pidió soluciones
El largo conflicto salarial que mantienen desde el año pasado el gremio de los empleados judiciales y el Gobierno provincial, y que se ha recrudecido las últimas semanas, viene perjudicando el normal desarrollo de la actividad de la Justicia en nuestro medio, a la vez que retrasa la continuidad de los procesos, varios de ellos de crucial importancia para integrantes de la comunidad.
En el caso de Necochea el mayor perjuicio se registra en el fuero laboral –atiende unas 300 causas anuales-, en el que las medidas de fuerza del personal cuentan con total adhesión, lo que origina la postergación de audiencias y otros problemas, como ser la demora en el cobro de cheques tras acuerdos, que se deben depositar en cuentas judiciales.
En tanto se dio cuenta que en otros organismos, como el fuero penal, la actividad es casi normal, con bajas en los empleados administrativos de fiscalía; mientras que en los Juzgados Civiles las tareas no se han “resentido tanto”.
En ello tiene que ver que el gremio ha sufrido algunas desafiliaciones y a que la Suprema Corte ha empezado a aplicar descuentos por los paros.
Más allá de este panorama se estimó que en Necochea hoy están igualados por mitades los empleados que llevan adelante las medidas de fuerza y los que no.
El pasado domingo el Colegio de Abogados local publicó en Ecos Diarios una solicitada, en la cual planteó la problemática, dejando en claro que ven resentida su actividad profesional, a la vez que instó a las autoridades provinciales a implementar “urgentes negociaciones”, en pos de superar la situación.
Una larga porfía
Si bien el conflicto entre el gremio de los judiciales y el Gobierno se remonta a 2006, aunque por entonces las medidas de fuerza no sobrepasaban los tres meses, comenzaron a cobrar fuerza el año pasado, generando que en mayo de 2016 los colegios de abogados bonaerenses expresaran su malestar y presentaran un amparo para detener un conflicto que llevaba doce semanas de extensión.
Sobre fines del año pasado se acordó entre las partes un arreglo salarial. Sin embargo apenas arrancó 2017 se reiniciaron los reclamos, aunque también focalizados a la oposición de la posibilidad de que el Gobierno reduzca o deje de lado la feria judicial; o en apoyo al reclamo de los docentes; y últimamente en demanda de que se reinstaure la llamada “ley de enganche”, que determinaba el aumento de sueldos cada vez que suben los de los jueces.
La modalidad de protesta es a razón de dos días de inactividad por semana, generalmente miércoles y jueves, como ocurre en la semana que transitamos.
Quienes vienen padeciendo las consecuencias de los paros sostienen que en gran parte “responden a intereses políticos”, habida cuenta que la asociación que nuclea a los judiciales no es afín a la actual administración.
