La Provincia redefinió cómo se adjudican viviendas en barrios populares
Aprobó por decreto publicado en el Boletín Oficial un nuevo régimen para adjudicar viviendas y regularizar la propiedad en barrios populares y asentamientos.
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El Gobierno bonaerense aprobó este miércoles un nuevo régimen para la adjudicación de viviendas sociales y la regularización dominial en barrios populares, con el objetivo de unificar criterios, simplificar trámites y mejorar el acceso a soluciones habitacionales para sectores vulnerables.
La medida, oficializada mediante decreto publicado en el Boletín Oficial, establece un marco general de actuación para el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), que será el encargado de implementar este régimen en los procesos de reurbanización integral. La normativa busca ordenar la selección de beneficiarios, la adjudicación de viviendas, los mecanismos de control y la organización de la convivencia entre adjudicatarios.
Nuevas reglas para adjudicar viviendas sociales
El decreto también faculta al OPISU a diseñar programas específicos para cada proyecto, donde se definirán aspectos clave como el valor de las viviendas, los plazos de pago y la posibilidad de aplicar quitas o planes especiales en casos de extrema vulnerabilidad socioeconómica. En ese sentido, se establece que los valores no podrán incluir ni las mejoras realizadas por los vecinos ni la valorización del suelo.
Asimismo, la norma dispone que el régimen aprobado será complementado, en los aspectos no previstos, por el Decreto N° 134/17, que regula la adjudicación de viviendas sociales en la provincia de Buenos Aires, y exceptúa estos procesos de otras disposiciones administrativas para agilizar su implementación.
La iniciativa se enmarca en la política de acceso justo al hábitat establecida por la Ley N° 14.449 y en los principios constitucionales que promueven el acceso a la vivienda, contemplando tanto la construcción de nuevas unidades como la regularización de barrios informales. Además, se prevé la intervención de la Escribanía General de Gobierno en la formalización de los actos notariales necesarios para garantizar la seguridad jurídica de las adjudicaciones y titularizaciones.
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