La Provincia ya tiene el aval para expropiar y construir cárceles en 5 distritos del Conurbano
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El Senado aprobó la expropiación de 7 inmuebles en donde el Ejecutivo planea levantar nuevas unidades penales
La cámara de Senadores bonaerense convirtió en ley la expropiación de 7 inmuebles que serán destinados a la construcción de cárceles en 5 distritos del Conurbano bonaerense, en el marco de la emergencia declarada por el Gobierno para descomprimir la crítica situación de hacinamiento que se evidencia en el sistema penitenciario.
Durante una sesión celebrada este mediodía, el Senado convirtió en ley la iniciativa enviada por el Ejecutivo, que ya había sido aprobada por Diputados semanas atrás.
La ley declara de “utilidad pública y sujeto a expropiación” a siete inmuebles ubicados en los partidos de Moreno (2), Quilmes (2), Merlo, La Matanza y Tigre. Allí el Gobierno construirá cárceles y alcaidías departamentales que tendrán por objetivo descomprimir la situación actual de hacinamiento, reconocida por el Ejecutivo, lo que motivó la declaración de la emergencia para el sector.
El proyecto fue objeto de muchas pujas en la Legislatura debido a la ubicación de los establecimientos carcelarios, puesto que algunos legisladores de la región reclamaban por la elección de su territorio como lugar de emplazamiento de las nuevas unidades. Desde el oficialismo se justificó la decisión al sostener que la mayoría de los detenidos en el sistema penal son de esa zona.
Cuando la ley sea promulgada, el Gobierno tendrá 10 años para terminar la construcción de los complejos carcelarios. Aunque en el Ejecutivo reconocen que el problema requiere de soluciones urgentes: en el proyecto enviado a la Legislatura se reconoce la sobrepoblación existente “supera el 100%” de la capacidad posible. Es decir: que donde debería haber una persona, actualmente hay dos.
La iniciativa señalar que entre 2016 y 2019 “se produjo un incremento extraordinario en el número de personas privadas de su libertad”, pasando de 35 mil a 49 mil presos, con una tasa de prisionalización (detenidos cada 100 mil habitantes) que subió de 240 a 308, sin demasiados cambios en la cantidad de plazas disponibles.
