La Ruta 228, entre las próximas concesiones privadas y el deterioro que preocupa en el camino al puerto

La Ruta Nacional 228 podría ingresar en una nueva etapa de su historia: pasar de la administración estatal a un sistema de gestión privada, en el que una empresa se haga cargo de su mantenimiento, reparación y explotación a cambio del cobro de peajes. La posibilidad quedó formalmente incorporada en la ampliación del programa de concesiones viales que impulsa el Gobierno nacional y que busca transferir al sector privado la administración de distintos corredores de la red nacional.

La novedad tiene especial relevancia para Necochea. La 228 constituye una conexión fundamental para el movimiento de la producción agropecuaria hacia Puerto Quequén, pero su estado actual dista de las condiciones que requiere un corredor por el que circulan diariamente transportes de carga de gran porte.

Entre la rotonda de Energía y Necochea se observan sectores con un importante deterioro de la calzada. El problema es particularmente visible en la mano de circulación hacia la ciudad, utilizada por los camiones que llegan cargados con mercadería destinada al puerto. Los hundimientos, pozos y huellones complican la circulación y obligan a los conductores a extremar las precauciones.

En ese contexto, la incorporación de la ruta al nuevo esquema abre una expectativa respecto de las inversiones que podrían realizarse para recuperar el pavimento, aunque también plantea interrogantes sobre el futuro costo de utilización del corredor.

La 228, dentro de la nueva etapa de concesiones

El viernes 13 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 1358/2026, mediante el cual el Gobierno nacional incorporó nuevas rutas al proyecto denominado Red Federal de Concesiones.

La medida alcanza a 27 rutas nacionales distribuidas en 16 provincias. En la provincia de Buenos Aires aparecen, entre otras, las rutas nacionales 3, 22, 33, 35 y 228.

El decreto establece que los tramos que se determinen podrán ser concesionados bajo el régimen de la Ley 17.520, que habilita la participación de empresas privadas en la construcción, reparación, conservación, mantenimiento y explotación de infraestructura pública mediante el cobro de tarifas o peajes.

Sin embargo, hay una cuestión importante: la inclusión de la Ruta 228 no significa que ya tenga una empresa adjudicataria ni que el cobro de peaje vaya a comenzar inmediatamente.

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, deberá definir qué sectores serán concesionados, elaborar los pliegos y convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales. El decreto fija un plazo de hasta 12 meses para realizar esas convocatorias. Antes deberán desarrollarse audiencias públicas para que usuarios, municipios, provincias y otros sectores puedan expresar sus opiniones.

Por lo tanto, todavía resta conocer qué extensión de la 228 quedará comprendida, cuáles serán las obligaciones de la futura concesionaria, qué inversiones deberá realizar y cómo se organizará el sistema de cobro.

Ya hay empresas trabajando en otras rutas

La iniciativa no parte de cero. La Red Federal de Concesiones comenzó a implementarse en 2025 y ya avanzó a través de distintas etapas. Según informó Vialidad Nacional, con las adjudicaciones de las etapas anteriores quedaron incorporados más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales al sistema de gestión privada.

De hecho, algunas empresas ya tomaron posesión de los corredores y ejecutaron trabajos de recuperación.

Uno de los ejemplos más cercanos es la Ruta Nacional 226. La empresa Corresur completó trabajos de puesta en valor sobre aproximadamente 99 kilómetros, en el sector comprendido entre el puente sobre el arroyo La Pastora y el empalme con la ex Ruta Provincial 60. Las tareas incluyeron bacheo, repavimentación, señalización y desmalezado.

La misma concesionaria intervino otros 78 kilómetros de la Ruta Nacional 205, con lo que Vialidad Nacional informó el 30 de octubre la finalización de más de 175 kilómetros de obras iniciales en ambos corredores.

Otro caso es la Ruta Nacional 5, donde la empresa Corredor Vial 5 S.A.U. completó la rehabilitación de 546,65 kilómetros entre Luján y Santa Rosa. Los trabajos incluyeron bacheo, fresado, sellado de fisuras, reparación de losas, acondicionamiento de banquinas y renovación de señalización. Según el organismo nacional, la empresa tomó posesión del tramo el 1 de julio y finalizó las obras iniciales en octubre.

También se firmaron contratos para la gestión privada de otros 3.900 kilómetros correspondientes a la Etapa III, con empresas que comenzaron a asumir la operación y el mantenimiento de los distintos corredores a partir de octubre.

De esta manera, el sistema ya tiene concesionarias en actividad y obras ejecutadas, aunque su implementación continúa avanzando de manera progresiva.

Peajes: cómo funcionará el nuevo sistema

Uno de los aspectos centrales del modelo es que las empresas privadas financian las obras y las tareas de mantenimiento previstas en sus contratos. A cambio, obtienen ingresos mediante el cobro de peajes.

El Gobierno sostiene que este mecanismo permitirá reducir la dependencia de los recursos del Tesoro nacional para sostener la infraestructura vial. Vialidad Nacional, por su parte, continuará como organismo encargado de supervisar los contratos y controlar que se cumplan las condiciones de transitabilidad establecidas.

En las concesiones que ya están funcionando se avanzó, además, hacia un sistema de pago electrónico. Las modalidades informadas por el organismo nacional son TelePASE y pago manual mediante tarjeta contactless o billetera virtual con código QR. No se contempla el pago en efectivo en el nuevo esquema.

Para la Ruta 228, sin embargo, todavía no hay información oficial sobre eventuales estaciones de peaje, tarifas ni modalidades específicas de cobro.

Una necesidad que no puede esperar

Mientras el Gobierno avanza con la ampliación de las concesiones, la situación de la Ruta 228 sigue siendo una preocupación para quienes la utilizan. El tramo entre Energía y Necochea necesita intervenciones para recuperar las condiciones de circulación, especialmente en el carril que soporta el tránsito de los camiones cargados que se dirigen hacia Puerto Quequén.

La cuestión excede el estado de una ruta: se trata de una conexión estratégica para la actividad agroexportadora y para el funcionamiento de uno de los principales puertos del país.

La futura concesión podría representar una oportunidad para concretar obras de mayor alcance y garantizar un mantenimiento sostenido. Pero también será necesario conocer qué compromisos asumirá la empresa que resulte adjudicataria y de qué manera se controlará su cumplimiento.

Para los usuarios de la región, la expectativa es que el cambio de modelo se traduzca efectivamente en rutas recuperadas. Porque si finalmente se incorpora el pago de un peaje, la discusión también pasará por qué condiciones de infraestructura y seguridad recibirán a cambio quienes transitan diariamente por la 228.