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Hay obras públicas que se discuten en función de su impacto económico. Otras, por su aporte al desarrollo productivo. Y hay un tercer grupo cuya necesidad se mide de una manera mucho más dolorosa: por la cantidad de vidas que podrían haberse salvado si hubieran existido.
La Ruta Provincial 88 pertenece, desde hace demasiado tiempo, a esa última categoría. Une dos de las ciudades más importantes del sudeste bonaerense. Es el camino que recorren diariamente trabajadores, estudiantes, deportistas, pacientes que deben atenderse en centros de mayor complejidad, turistas, transportistas y productores. Es, además, uno de los principales corredores de vinculación con el Puerto Quequén, uno de los motores económicos de la región.
Sin embargo, a pesar de su importancia estratégica, continúa siendo una ruta de una sola calzada, con sobrepasos permanentes, tránsito pesado, sectores de escasa visibilidad y una larga historia de accidentes fatales.
Durante años, el reclamo por convertirla en autovía apareció una y otra vez en campañas electorales, anuncios oficiales y promesas de gestión. Distintos gobiernos, de diferentes signos políticos, hablaron de estudios, proyectos y prioridades. Pero el tiempo siguió pasando y la obra nunca dejó de ser una promesa.
Hasta que una nueva tragedia volvió a poner el tema en el centro de la escena. La muerte de Anita no sólo conmovió a Necochea. También transformó el dolor de una familia en un reclamo colectivo que rápidamente encontró eco en miles de vecinos de toda la región.
Su mamá, Andrea Rondanina, tomó una decisión que conmueve por su enorme fortaleza. "Voy a luchar por la autovía para que nadie más muera en la Ruta 88", dijo apenas unos días después de perder a su hija. Y agregó una frase que explica el sentido profundo de esa lucha: "No me puedo quedar en casa acostada y ya está. Necesito transformar este dolor en algo que sirva para que otra familia no pase por lo mismo".
Hay quienes, frente a una tragedia semejante, eligen el silencio. Andrea eligió el compromiso. Lo hizo entendiendo que ninguna obra devolverá la vida de Anita, pero también sabiendo que cada mejora en la infraestructura vial puede evitar que otras familias vivan el mismo infierno. Y esa decisión logró algo que durante años parecía imposible: volver a instalar la Ruta 88 en la agenda pública.
El reclamo dejó de pertenecer exclusivamente a quienes transitan diariamente ese camino. Comenzó a ser una causa regional. La respuesta política no tardó en llegar. Luego de reunirse con Andrea, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, anunció el primer compromiso concreto. "El compromiso es tener el proyecto para convertir la Ruta 88 en una autovía", afirmó, explicando que el primer paso será desarrollar el proyecto ejecutivo para luego buscar el financiamiento necesario que permita ejecutar una obra de semejante magnitud.
No es todavía la obra. No hay licitaciones, ni presupuesto asignado, ni plazos de ejecución. Pero sí aparece, al menos, una definición política que durante muchos años estuvo ausente: reconocer que la transformación de la Ruta 88 ya no puede seguir postergándose.
Claro que el anuncio también obliga a cierta prudencia. La historia reciente de la infraestructura argentina está llena de proyectos que nunca pasaron del papel. Por eso la expectativa deberá ir acompañada del seguimiento permanente de cada avance administrativo. Porque las familias del sudeste bonaerense ya escucharon demasiadas promesas.
Y las rutas no se transforman con declaraciones. Se transforman con máquinas, inversión y decisión política sostenida.
La Ruta 88 no necesita solamente una reparación de banquinas o tareas periódicas de mantenimiento. Necesita una solución estructural.
No sólo por seguridad vial. También porque constituye uno de los corredores productivos más importantes de la región. Por allí circula buena parte de la producción agropecuaria destinada al Puerto Quequén. También miles de turistas durante la temporada estival y cientos de estudiantes y trabajadores que diariamente viajan entre Necochea y Mar del Plata.
La infraestructura vial dejó hace tiempo de ser únicamente una cuestión de tránsito. Es una política de desarrollo. Es competitividad económica. Es integración regional. Y, sobre todo, es preservación de vidas.
Quizás el aspecto más valioso de todo este proceso sea precisamente el lugar desde donde nació el nuevo impulso. No fue una decisión política. No surgió desde un despacho oficial. Nació del dolor inmenso de una madre que decidió transformar una pérdida irreparable en una causa colectiva.
Andrea Rondanina no reclama privilegios ni homenajes. Reclama que ninguna otra familia tenga que atravesar lo que ella está viviendo. Ese pedido trasciende cualquier diferencia partidaria.
Porque las rutas no distinguen ideologías. Los accidentes tampoco.
Por eso la futura autovía no debería convertirse en una bandera de un gobierno ni en una herramienta de disputa política. Debería transformarse en una política de Estado. Porque cada año que pasa sin esa obra significa seguir transitando una ruta donde el azar muchas veces ocupa el lugar que debería ocupar la infraestructura. Y porque ninguna sociedad debería necesitar nuevas tragedias para comprender que hay obras cuya verdadera rentabilidad no se mide en kilómetros de asfalto. Se mide en las vidas que se consiguen salvar.
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