La Usina y la DDI se reunieron para frenar el robo de energía
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Preocupación. Autoridades de la cooperativa recibieron a jefes policiales del área de Investigaciones. Trabajarán en la detección de irregularidades en medidores
Haciendo foco en que el robo de energía perjudica a la Usina en sus finanzas pero, principalmente, perjudica a los usuarios que pagan lo que corresponde todos los meses, se llevó adelante una reunión entre los directivos de la prestadora del servicio con representantes de la Delegación Departamental de Investigaciones de la Policía (DDI).
El motivo de la reunión fue principalmente poner en conocimiento a los efectivos de la DDI de la situación que se está viviendo actualmente, donde hay muchas viviendas particulares “colgadas” del servicio de energía eléctrica, pero también hay grandes consumidores que están evadiendo mediante sistemas ilegales la correspondiente medición, total o parcialmente. Por su parte, desde la DDI informaron acerca de los pasos necesarios para poder desarrollar una investigación efectiva y llevar adelante un proceso penal contra las personas, físicas o jurídicas, que se encuentren sospechadas del delito.
Perjuicio económico
Desde la Usina explicaron que esto representa un perjuicio económico importante para ellos, ya que están perdiendo aproximadamente un 24% de la energía que compran. Sin embargo, aseguraron que esto no solo es un mal que afecta a los ingresos de la Cooperativa sino también a los vecinos en general, que pagan en tiempo y forma por el consumo real que tienen en sus viviendas o emprendimientos personales. En este sentido, la presidenta de la Usina, Pilar Vitale y el gerente general, Alejandro Issin, le explicaron al subdirector de la DDI, Carlos Juan, y al jefe de operaciones, Manuel Sangla, que el exceso del consumo de manera imprevista afecta a los transformadores, que se saturan y se rompen, generando cortes de luz no programados y más gastos de recursos materiales y de mantenimiento.
A todo esto hay que sumarle el robo de cables, que no ha cesado desde hace largo tiempo, aunque en ese caso ha habido investigaciones y en alguna oportunidad se ha encontrado a los autores.
Tanto Sangla como Juan mostraron una buena predisposición a colaborar, aunque ahora será trabajo de la Usina, y de las personas que se encargan de tomar el estado de los medidores, el poder hallar las irregularidades y hacer la correspondiente denuncia penal, lo que desencadenará una investigación y posibles allanamientos, porque aseguran que hay prácticamente “barrios completos que están enganchados» y que además hay “grandes consumidores” que generan sospechas.
Desde lo técnico, se explicó que no es difícil notar los intentos o las evasiones a los medidores de consumo, ya que la energía eléctrica corre por la vía pública y de alguna manera debe bajar e ingresar a los domicilios o empresas. También son fáciles de identificar, administrativamente, los casos en que tenían un determinado consumo y ha bajado abruptamente el mismo, lo cual puede generar una visita al lugar para corroborar que todo esté correctamente conectado y que no haya cables que desvíen una parte del consumo por fuera de los medidores, por ejemplo.
Con esta determinación, la dirección de la Usina Popular Cooperativa planea terminar con el “robo de energía” que supera el veinte por ciento de la totalidad que se suministra.
