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Las instituciones democráticas tienen una particularidad que muchas veces pasa inadvertida: funcionan correctamente cuando quienes las integran comprenden que las responsabilidades del cargo están por encima de las posiciones personales o partidarias. Allí radica buena parte de la fortaleza del sistema republicano. No alcanza con ser elegido por el voto popular; también es necesario conocer las normas que regulan el ejercicio de la función pública y actuar dentro de ellas.
En esta misma página, ya hemos abordado estas cuestiones a lo largo del último tiempo.
En el ámbito municipal, el Concejo Deliberante constituye una de las instituciones más importantes de la vida democrática necochense. Es el espacio donde confluyen las distintas representaciones políticas surgidas de las urnas y donde, a través del debate, el consenso o la confrontación de ideas, se construyen las ordenanzas que regirán buena parte de la vida cotidiana de nosotros, quienes habitamos esta ciudad.
Pero esa tarea no se limita únicamente a levantar la mano para aprobar o rechazar proyectos. Ser concejal implica asumir una responsabilidad institucional que exige preparación, estudio y conocimiento de las herramientas legales que regulan el funcionamiento del cuerpo. Cada decisión, cada procedimiento y cada actuación administrativa encuentra su fundamento en un conjunto de normas que garantizan el equilibrio entre los poderes y la seguridad jurídica de los actos públicos.
En la provincia de Buenos Aires, ese marco está definido principalmente por la Ley Orgánica de las Municipalidades y por el Reglamento Interno de cada Concejo Deliberante. Ambos instrumentos establecen no sólo las atribuciones del Departamento Ejecutivo y del Legislativo, sino también las obligaciones, facultades y responsabilidades que corresponden a cada concejal y, especialmente, a quienes ocupan cargos de conducción dentro del cuerpo.
No se trata de una cuestión meramente técnica. El conocimiento de esas normas es parte esencial de la función pública. Así como nadie imaginaría a un juez desconociendo los códigos que debe aplicar o a un médico ignorando los protocolos básicos de su profesión, tampoco resulta razonable que quienes tienen la responsabilidad de legislar desconozcan el marco jurídico que regula el funcionamiento de la institución que integran.
Las mayorías y las minorías cambian con el paso de los años. Los oficialismos se convierten en oposiciones y las oposiciones pasan a gobernar. Lo único que permanece son las instituciones y las reglas que garantizan su continuidad. Precisamente por eso, el respeto por esas normas no puede depender de la conveniencia política del momento ni de la pertenencia partidaria de quienes circunstancialmente ocupan una banca.
Cada concejal representa a los vecinos que lo eligieron, pero también integra un órgano colegiado cuya legitimidad depende del cumplimiento estricto de procedimientos previamente establecidos. Cuando esos procedimientos se respetan, la democracia se fortalece. Cuando se desconocen o se interpretan según las necesidades coyunturales, comienza a deteriorarse la confianza pública en las instituciones.
En la última sesión del Cuerpo legislativo local, el pasado miércoles, se observaron cuestiones que llaman poderosamente la atención. Pero no hablamos de cuestiones netamente políticas o posturas contrapuestas que no logran consensuar un mínimo de diálogo. Sino de cuestiones netamente personales que ingresaron en un campo al cual no deberían haberlo hecho.
En principio, la séptima sesión ordinaria comenzó con la utilización de la denominada Banca Abierta. Ésta, es un mecanismo de participación ciudadana que permite a vecinos y representantes de instituciones exponer reclamos, opiniones o propuestas directamente ante el cuerpo legislativo.
Para hacer uso de la misma, se debe presentar por escrito una solicitud formal que contenga tus nombres, apellidos, número de documento y domicilio, y en caso de representación institucional, se debe incluir la autorización, el nombre, los fines y el domicilio de la entidad.
Pero lo más importante es que quien quiera utilizar dicha herramienta, tiene que adjuntar una descripción breve y precisa del tema a exponer, el cual debe ser competencia del Concejo Deliberante. Esto último, es lo que está en tela de discusión.
El primer vecino en hacer uso de la palabra fue el popularmente conocido Payaso Abelardo. Quien ya había participado de la reunión de la Comisión de Cultura del Concejo y que expuso una situación netamente personal sobre la necesidad suya de poder contar con el Teatro Municipal en mayor cantidad de oportunidades durante el receso invernal.
Lo más llamativo fue el final: antes de cerrar su alocución, aprovechó la oportunidad para “pasar aviso” de charlas que había tenido con vecinos que reclamaron por la falta de trabajo, las calles de tierra en mal estado y un final acorde a lo ocurrido con un “aguante Argentina”, en referencia a la Selección de fútbol.
La segunda Banca Abierta también dejó algunas dudas respecto a su aprobación por parte de los ediles. Una vecina se acercó y brindó una extensa charla sobre la problemática de la “obstrucción del vínculo” familiar a causa de “falsas denuncias”. No sólo llama la atención el tema abordado, ya que el Concejo Deliberante no tiene atribución alguna en el mismo; sino que la alocución finalizó diciendo: “Soy una ciudadana, preocupada por algo que me afecta personalmente”.
Queda a las claras el desconocimiento, por parte de los concejales sobre qué aspectos deben cumplirse para poder hacer uso de la palabra.
Pero lo más preocupante de la sesión fue lo ocurrido casi en el cierre de la misma, cuando los ediles trataron y aprobaron un proyecto para declarar de “interés público” una obra que realizará el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén para reparar unos 500 metros cuadrados de asfalto en la avenida “La Guillermina”.
Tras la exposición del autor del proyecto, Marcelo Rivero, otro concejal del mismo signo político, Julián Kristiansen, utilizó una frase realmente llamativa: “Me encanta que haya una interacción de lo privado y una preocupación, pero también me reservo y lo digo en forma personal, que no lo quiero tomar como que sea una dádiva” (sic).
La primera pregunta que resuena es sencilla: ¿sabe el concejal el significado de la palabra dádiva? La primera definición de la Real Academia Española es “acción de dar gratuitamente”. La segunda, es “intentar o pretender cohecho o soborno”.
Si lo sabe, lo que debería hacer es, primero, no aprobar el proyecto en cuestión y; segundo, acudir a la Justicia y realizar la denuncia pertinente.
Pero el otro aspecto que debería entender es que su banca no es para utilizarla “de manera personal” o para hacer afirmaciones en ese tono, sino que su rol es el que explicábamos en el comienzo de esta página.
La política necesita debate, confrontación de ideas y diferencias. Es natural que existan posiciones enfrentadas sobre los grandes temas que atraviesan una comunidad. Lo que no debería estar en discusión son las reglas de funcionamiento de las instituciones. Allí no hay lugar para interpretaciones partidarias, sino para el cumplimiento de obligaciones claramente establecidas por la ley.
Porque, en definitiva, la calidad de una democracia no se mide únicamente por la legitimidad de quienes son elegidos, sino también por la capacidad de sus representantes para ejercer el cargo con responsabilidad, conocimiento y pleno respeto por las instituciones que la sociedad les confió.
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