Los policías optaron por ser juzgados por jueces técnicos
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De esta manera, dejaron de lado la alternativa del jurado popular. Ahora, el Tribunal Criminal debe fijar la fecha del debate oral
Un nuevo capítulo se produjo ayer en la controvertida historia que ahora, parece, tendrá una segunda parte en el recinto del Tribunal Criminal Nº 1, cuando se ventile una vez más, la muerte de un joven de 20 años que apareció ahorcado en una comisaría.
Los cuatro policías que están imputados optaron ayer por ser juzgados con la participación de jueces técnicos, evitando de esa manera, la participación de los “jueces del pueblo” (un jurado popular).
Ya transcurrieron más de 6 años de aquellas fatídicas noches del 5 y 6 de diciembre de 2014, cuando se produjo la aprehensión de Michel Alberto Suárez, su encierro en el “locutorio” y el horrendo cuadro que surgió después.
El chico apareció ahorcado de un barrote de la dependencia con los cordones de las zapatillas y de una malla que llevaba puesta al momento de ser demorado por el personal policial que cumplía funciones.
Posteriormente, fue retirado del lugar y trasladado al Hospital Irurzun esposado, pero al llegar al centro asistencial, la propia médica de guardia comprobó que nada podía hacerse: Michel Suárez había fallecido.
En forma virtual
La audiencia de ayer se realizó de manera virtual y la presidenta del Tribunal Criminal, Luciana Irigoyen Testa, mantuvo comunicación vía Internet con los imputados y los representantes legales de los cuatro policías.
También participó de la conexión remota el fiscal que ahora intervendrá en el debate oral en el Tribunal Criminal, donde se ventilará nuevamente el grave episodio institucional que se produjo a fines de 2014.
Cabe recordar que el fiscal Walter Pierrestegui actuó en el juicio en el Juzgado Correccional Nº 1, donde subrogó la jueza Mariana Giménez, tras la decisión de excusarse del titular de ese organismo de Justicia, Ernesto Carlos Juliano.
Giménez, tras un planteo del abogado Sebastián Barletta, se declaró “incompetente” en la causa y giró el expediente al Tribunal Criminal Oral Nº 1.
Ampliar la acusación
En ese sentido, la jueza Mariana Giménez, al considerar un “caso tan sensible”, en el que están acusados integrantes de la fuerza de seguridad, optó por hacer lugar al requerimiento de Barletta, quien representa a la familia de la víctima.
El letrado dijo que ampliaba la acusación legal contra los agentes policiales que cumplían funciones en la Seccional Segunda de Quequén, y rechazó la calificación de la Fiscalía de “homicidio culposo y severidades”.
Giménez, ante el planteo del particular damnificado, dio sus argumentos y dejó de lado el debate que se desarrollaba en el Juzgado Correccional, dando lugar a un nuevo capítulo que se abre ahora en el Tribunal Criminal, con una calificación legal superior y posibilidades de penas más altas de ser encontrados culpables los imputados.
La magistrada le dio la oportunidad al particular damnificado para que presente nuevas pruebas en el caso, y sucederá en la instancia judicial que viene, al menos, eso parece.
¿Qué hará el nuevo representante del Ministerio Público Fiscal?
La investigación inicial del controvertido caso la inició la fiscal Mirta Ciancio y en el debate en el Juzgado Correccional intervino Walter Pierrestegui, quien mantuvo las dos calificaciones legales.
Ahora, tras las modificaciones que se generaron en la Fiscalía (Pierrestegui es fiscal de la UFI Nº 10 dejó la UFI Nº 20), serán Horacio Sirimarco o Verónica Posse, quienes tomen el expediente judicial para analizar el conflictivo caso.
Se abre una nueva instancia en la litigada historia de muerte de un joven que apareció ahorcado en la Comisaría Segunda de Quequén y que murió en la misma dependencia, como lo expresó el médico de la Asesoría Pericial, Carlos Rodríguez.
El profesional hizo la operación de autopsia a Suárez y su accionar también fue cuestionado por el abogado Sebastián Barletta, quien defiende a la familia de la víctima.
Definiciones
Habrá que esperar qué define la Fiscalía, si confirma las acusaciones a los cuatro efectivos o las amplía, es decir, si aparecen otros responsables en la muerte del chico que tenía 20 años.
Asimismo, saber si se mantienen las calificaciones legales de “homicidio culposo y severidades”, como se investigó el confuso episodio registrado en diciembre de 2014, un hecho de gravedad institucional.
Por otro lado, se aguarda la fecha de presentación de pruebas en el Tribunal Criminal Oral Nº 1 y luego la jornada en la que comenzará el debate en el recinto de calles 87 y 6, de la Villa Díaz Vélez.
Los hechos de la aprehensión de Suárez, acusado de romper un cristal de un partido político en Quequén, y el posterior deceso por ahorcamiento, se produjeron las noches del 5 y 6 de diciembre de 2014.
En pleno velatorio del joven, los familiares denunciaron que el cadáver registraba huellas de golpes y apuntaron “sus cañones” a los policías que intervinieron esa noche en el arresto en la vía pública y en el alojamiento en la dependencia oficial.
