Los registros automotores en Necochea trabajan con normalidad

Los tres registros automotores de la ciudad de Necochea se encuentran trabajando con total normalidad, según consultó Ecos Diarios, a pesar que la semana se había anunciado un paro nacional por parte de los empleados que trabajan en dicha dependencia, consecuencia de la medida propuesta por el gobierno nacional, de cerrar algunos de ellos.

En nuestra ciudad existen tres registros de propiedad del automotor: El N°1 ubicado en calle 67 N° 2780, el N° 2 en calle 62 ° 2726 y el N° 3 en Diagonal San Martín N° 1226.

Hablando con una de las fuentes consultadas dijo que “estamos trabajando de manera normal en nuestro registro, al igual que en los otros dos”, información que después pudo constatar este medio.

Las medidas anunciadas por el gobierno:

El viernes pasado se conoció que el Gobierno de Javier Milei decidió avanzar sobre los Registros del Automotor y anunció que se cerrará el 40% de ellos, además de otros cambios importantes para conductores, como la eliminación de la “cédula azul”.

“Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos”, anunció el Ministerio de Justicia en un comunicado. En ese marco, confirmó que “se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”.

Según explicó el Gobierno la decisión, que había sido una promesa de campaña, tiene “el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos”, y se suma a otras medidas para el sector automotor que tomó en los últimos días. Por caso, a fines de abril se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.

Los puntos principales

• Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos

• Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas

• Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP

• Se eliminará la “cédula azul”: a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil

• Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”

• Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros

• Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos

• Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia

• Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función

• Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales

• Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios

• Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales

• Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo. (DIB)