Macri revocó el protocolo sobre aborto pero no le pidió la renuncia a Rubinstein
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En medio de tensiones con sus aliados y de algunas resistencias internas, el presidente Mauricio Macri revocará el protocolo nacional para el aborto no punible que había implementado la Secretaría de Salud.
La decisión fue confirmada por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien tras la reunión de Gabinete explicó que la derogación se debe a que «el secretario Adolfo Rubinstein no consultó al Presidente» y porque la medida «debe tener un trámite legislativo. Pese a eso, el funcionario continuará en su puesto hasta el 10 de diciembre.
El jefe de Estado firmará este jueves el instrumento que dejará sin efecto la resolución que establecía una guía de conducta obligatoria para todo el país para los casos de aborto legal que surgen de las leyes vigentes, explicaron fuentes oficiales después del encuentro de ministros donde se discutió la cuestión.
El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, también se refirió al tema tras la reunión: «La resolución se va a derogar y tiene que ver con una cuestión de formas; no se está haciendo un juicio de valor sobre la norma ni sobre el secretario de salud, por eso no se le pidió la renuncia».
Junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, el mandatario ingresó minutos después de lo anunciado a la reunión. Antes que él, distintos ministros habían anticipado, como lo hizo la vicepresidenta Gabriela Michetti, que el tema «se discutiría» puertas adentro del salón de los Científicos. Ya dentro, Macri no discutió el protocolo en sí, y se centró en la actitud de Rubinstein, que sin consultar a Stanley avanzó con la actualización del protocolo, criticada por la Iglesia y distintos legisladores del macrismo, aunque contó con un fuerte respaldo de la UCR.
Cabe señalar que ayer la secretaría de Salud publicó en el Boletín Oficial una actualización del protocolo de aborto legal que limitaba la objeción de conciencia de los médicos y ampliaba las causales de aborto no punible.
En rigor, daba luz verde al aborto en hospitales públicos a menores de 15 años por considerar que cursar un embarazo a esa edad constituye un riesgo físico y psicológico para su salud. Además, establecía que quienes tengan entre 13 y 16 años podrán abortar sin que se les pueda exigir la autorización de los padres, si se trata de un embarazo de menos de 12 semanas y de un aborto medicamentoso.
