Martes 16 de enero de 1996
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Punto de largada para las concesiones municipales
Municoy convocó a la presentación de propuestas para otorgar en concesión el mantenimiento de la red vial rural y urbana, la explotación de Obras Sanitarias, el Vivero y el Teatro Municipal
El intendente Julio Miguel Municoy había convocado al capital privado a presentar propuestas para otorgar en concesión varios servicios municipales, entre ellos el mantenimiento de la red vial rural, el de la planta urbana local y la explotación y ampliación de la red de agua potable y cloacas.
La decisión había quedado contenida a partir de la aplicación del decreto Nº 53/96, cuyos pormenores no habían sido informados, y tomando en cuenta los alcances del funcionamiento del denominado “Consejo Asesor para la Iniciativa Privada”, organismo que había sido aprobado en 1993 por el Concejo Deliberante y puesto en funcionamiento por la administración comunal. Con este instrumento se podía declarar a cualquier interesado en lo que se propusiera otorgar en concesión como “iniciador al proyecto que corresponda”. Además, el citado Consejo podría redactar “los pliegos de bases y condiciones, y convocar a licitación pública o a concurso de propuestas integrales y a mejora de la propuesta”.
El lapso previsto entre la convocatoria realizada por el Intendente y el cierre de presentación de propuestas había sido de poco más de un mes, habida cuenta de que los interesados tendrían tiempo para participar hasta el 19 de febrero venidero.
Con esta decisión, Municoy había rechazado de plano las observaciones vertidas en contrario por los productores nucleados en las Comisiones Vial e Hídrica. Los citados, además de negarse al proyecto de desafectación de la Tasa a la Hectárea, habían planteado sus objeciones a que se otorgara en concesión el mantenimiento de los caminos rurales del distrito.
La iniciativa del jefe comunal había apuntado, también, a otorgar al capital privado la explotación del Vivero Municipal y del Teatro “Luis Sandrini”.
Todas las adjudicaciones y la homologación de los contratos resultantes del trabajo del “Consejo Asesor para la Iniciativa Privada” deberían haber contado con la aprobación del Concejo Deliberante local.
Se había informado que las propuestas privadas se recibirían hasta el 19 de febrero, vinculadas a los siguientes servicios, hasta entonces en manos de la comuna:
– Concesión de obras de infraestructura y mantenimiento de la red vial rural.
– Una concesión similar para la planta urbana de Necochea y Quequén.
– Explotación, ampliación, mantenimiento y operación de la red de agua potable, cloacas y desagües pluviales de la comunidad.
– Explotación del Vivero Municipal y superficies forestales del dominio comunal.
– Explotación, mantenimiento y administración del Teatro Municipal “Luis Sandrini”.
– Instalación y explotación de mecanismos de control de cargas.
– Servicios de grúa y control de tránsito.
– Mantenimiento de espacios verdes y provisión de infraestructura de uso público.
– Tramitación y expedición de licencias de conductor.
El “Consejo Asesor para la Iniciativa Privada” había sido aprobado en octubre de 1993 por el Concejo Deliberante, en momentos en que se trataba la denominada “ordenanza ómnibus”.
Deudas millonarias
Mientras se habían realizado presentaciones por una deuda que superaba los tres millones de pesos en el Distrito Necochea de la Dirección General Impositiva (DGI), se había recordado que ese día vencería el plazo para que los trabajadores autónomos pudieran acogerse a la moratoria previsional dispuesta por las autoridades del Ministerio de Economía.
Una notable afluencia de público se había observado en las últimas jornadas en las dependencias locales del organismo recaudador, donde se había atendido durante 14 horas corridas para satisfacer la demanda de quienes deseaban regularizar su situación. De acuerdo con lo establecido, hasta ese momento se habían constatado más de 2.000 presentaciones de trabajadores autónomos de los más variados rubros, determinándose una deuda del orden de los 3.100.000 pesos.
Molinos de viento
La empresa española ACSA había sido calificada como readjudicataria de la licitación internacional convocada por la Usina Popular Cooperativa “Sebastián de María”, para el emplazamiento de molinos de viento, en una primera etapa, en el parque eólico que se proyectaba construir en el frente costero Oeste de Necochea.
La firma, cuya denominación es ACSA Aerogeneradores Canarios S.A., habría reunido la mayoría de las condiciones dispuestas por el consejo de administración de la Usina y por los equipos técnicos encabezados por el doctor Juan Carlos Bolcich, contratado para el desarrollo de la iniciativa.
El resto de las interesadas habían sido las empresas Micon, Vestas y Nordtank —las tres de capitales daneses— y Nordtank de Estados Unidos. La decisión final sobre la adjudicación se produciría el 2 de febrero, en el marco de una asamblea extraordinaria de delegados, titulares y suplentes, a la que había convocado la concesionaria eléctrica.
En la ocasión se analizarían, además, el convenio de compra y venta de energía que regía con la generadora Sorrento S.A., de Santa Fe, proveedora del producto para Necochea y Quequén, y la posibilidad de modificar el estatuto social de la UPC.
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