Mesianismo versus República
El Gobierno hace culto a la construcción de un relato que ataca a jueces y fiscales, el Congreso de la Nación y todo poder independiente
La República atraviesa momentos cruciales y, en el marco de un angustioso escenario económico y social, llaman la atención las declaraciones del ministro Gabriel Katopodis quien, días atrás, sostuvo que en caso que haya una condena a la Vicepresidenta (en la causa Vialidad), sectores del oficialismo se expresarían en las calles. También dijo que un fallo negativo hacia CFK significaría “romper el acuerdo básico de la democracia que es respetar al que gana”.
Los funcionarios de este gobierno hacen culto a la construcción de un relato que ataca jueces, fiscales, al Congreso de la Nación y a todo poder independiente, con el objetivo de secuestrar las instituciones de la República y ponerlas a disposición de un sector o partido.
Romper el pacto democrático
Ante esa visión mesiánica de la realidad es necesario —para todos— releer las palabras de uno de los dirigentes más importantes que tuvo el Justicialismo: Antonio Cafiero. En el debate constituyente de 1994, Cafiero explicó que: “El autoritarismo es una expresión delirante del yo. Como todo delirio es una forma de alienación de la personalidad y de trastrocamiento de la realidad. Esa expansión delirante del yo que se da en la personalidad autoritaria se caracteriza por la presencia en el sujeto de dos ideas delirantes típicas: el delirio de grandeza —donde la persona se siente imbuida de una misión sagrada que cumplir y amolda el mundo a esa misión, considerándose el elegido— y la megalomanía, cuando la persona refiere todo lo que sucede a su propio yo y considera a las cosas como una simple prolongación de sí misma. La personalidad autoritaria termina, entonces, víctima de su propio delirio cuando la realidad —por algún motivo— le desmiente su delirio megalomaníaco”.
Cuando hablamos de romper el pacto democrático, no se trata de nombres propios. Los funcionarios y militantes oficialistas deberían saber que recurrir a un juez “amigo” para frenar el normal funcionamiento del Consejo de la Magistratura es grave. Si ejercitamos la memoria, nadie puede olvidar al Juez Federal Daniel Alonso cuando, en abril del 2022, dispuso una cautelar promovida por el diputado oficialista Marcelo Casaretto y, posteriormente, la Corte Suprema lo denunció por mal desempeño, otra cuestión que también resulta grave. Que el Senado de la Nación no respete los fallos de nuestro Máximo Tribunal, también es grave.
La Corte Suprema en el fallo “Luis Juez” decía: “(…)No puede dejar de mencionar este Tribunal que la realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino (…)”.
Corrupción
Hoy, discutimos, nada más y nada menos la realización de acciones, artimañas y delitos, que bloquean el funcionamiento de la República y que, además, buscan privilegios ante la Ley. El resultado de una elección no determina impunidad a sus elegidos porque estamos hablando de corrupción, como bien lo definió el Papa Francisco cuando consideró que “La corrupción apesta” y pidió “no ceder a la tentación del dinero fácil y de los ingresos deshonestos”. Está claro que la sociedad tolera cada vez menos esos hechos por parte de sus representantes.
Esas acciones no sólo afectan a un gobierno, sino que desgastan las instituciones, degradan la legitimidad y las relaciones entre los ciudadanos y sus representantes, y afectan directamente al ciudadano de a pie, por cuanto la “corrupción” deja al descubierto lo peor de la administración pública golpeando a los sectores más vulnerables, porque cada peso que se pierde en la madeja de la indecencia es un peso que se le resta a hospitales, obra pública, seguridad, viviendas, educación o servicios sociales.
En definitiva, lo grave, el quiebre al orden democrático, es no respetar el normal funcionamiento de las instituciones de la República, es querer atropellar a las mismas y creer que la Ley se impone con la fuerza y en la calle, cuando combatir la “corrupción” debe ser la regla y el objetivo de todos los sectores políticos e institucionales, una lucha permanente y sostenida de toda una sociedad para evitar el debilitamiento de ese gran edificio que nos contiene a todos, que se llama democracia.///
