Milei vetó en su totalidad la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el proyecto de ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, con especial foco en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las inundaciones de marzo de 2025.

El Decreto 424/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, devuelve la iniciativa al Congreso de la Nación y deja sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción. El veto fue refrendado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La decisión impacta directamente en los habitantes de las zonas afectadas, quienes esperaban la instrumentación de medidas de alivio económico, suspensión de obligaciones contractuales y acceso a créditos blandos para la reconstrucción de viviendas y apoyo a sectores productivos.

El proyecto de ley, sancionado por el Congreso el 4 de junio de 2025, preveía declarar la emergencia por 180 días, crear un fondo especial bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, otorgar plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados, priorizar la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y establecer líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. Además, contemplaba la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir de impuestos y tasas a los afectados.

El Poder Ejecutivo justificó el veto total argumentando que las medidas propuestas ya habían sido implementadas mediante del Decreto 238/25, dictado tras el temporal del 7 de marzo en Bahía Blanca. Según el texto oficial, así se creó un fondo especial de $200.000 millones, gestionado por el Ministerio de Seguridad, y un régimen de subsidios denominado “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”, destinado a los residentes de viviendas afectadas. El Ejecutivo informó que “el 85,43% del total de inscriptos para recibir el S.U.R. ya han recibido el pago correspondiente”, mientras que “los casos bajo análisis representan el 10,55% y los rechazos únicamente el 4,01%”.